El Gobierno anunciaba la pasada semana la subida del tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades a las empresas eléctricas, haciéndoles tributar al 30%, como en la actualidad lo hacen las entidades financieras y las sociedades de hidrocarburos. Esta medida en absoluto conseguirá una reducción del precio final que el consumidor paga por la electricidad, ya que una subida de la presión fiscal en un sector que opera en oligopolio nunca es asumida por el propio empresario. La elevación de los costes de producción a un oligopolista siempre se traslada, o bien hacia adelante –mediante una elevación del precio final de venta- y los usuarios de la electricidad son los que absorben ese encarecimiento. O, si la regulación del precio del sector no permite subir los precios, la traslación del coste del impuesto se realizará hacia atrás –provocando una reducción de salarios o destruyendo empleo-. En cualquier caso, la subida de cinco puntos sobre Sociedades no redundará en una reducción de los beneficios de las compañías eléctricas, y puede que, ni siquiera en un aumento de la recaudación si merman los beneficios del sector.
Simplemente el anuncio del nuevo impuesto ya hizo caer la cotización de las empresas eléctricas, por lo que, si sus beneficios disminuyen el efecto final de la subida del tipo de gravamen será muy reducido o nulo. Sin embargo, la inseguridad jurídica derivada de la inexistencia de una hoja de ruta clara, puede provocar un freno en las inversiones energéticas que se traducirán en daños irreparables en el sector que se repercutirán claramente al consumidor.
Con esta medida el Gobierno intenta compensar la caída de recaudación que, según datos de la AEAT, ha pasado de 9.996 millones de euros en 2015 a 8.253 en 2020 y 7.338 millones en 2021
Si las empresas eléctricas ganaron en 2021, 6.500 millones de euros la subida del gravamen supondrá mayor recaudación para el Gobierno si se mantienen los beneficios. Esta posible recaudación extra la permitirá compensar la caída de recaudación derivada de la bajada del tipo de gravamen del IVA hasta el 5%. Entre 2015 y 2021 la recaudación de IVA pasó de los 5.980 millones a 5.000 millones, por lo que el Gobierno necesita por lo menos 1.000 millones de euros en recaudación complementaria. Sin contar la merma en la recaudación por la reducción del tipo de gravamen al 10%, aplicado recientemente.
Si el precio de la electricidad está disparado, como lo está, la vía para conseguir una disminución del precio no es otra que potenciar la liberalización del mercado y reducir la carga impositiva del precio final. Exactamente lo contrario a las medidas anunciadas por el gobierno.
La producción y comercialización de la energía eléctrica hoy está gravada por siete impuestos. Cinco de ellos, impuestos a la producción y dos tributos que gravan la comercialización. Según datos de la AEAT la recaudación total de los impuestos que gravan la electricidad ha pasado de 9.996 millones de euros en 2015 a 7.338 millones en 2021. Por lo que es fácil inferir que el aumento de la presión fiscal a las empresas eléctricas pretende compensar esta caída de recaudación.
En el caso del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica grava el precio de venta al 7% y ha conseguido una recaudación media de 1.227 millones de euros. Este impuesto es especialmente lesivo para el precio final de la energía eléctrica, ya que forma parte de la propia base imponible del IVA, provocando un perverso efecto piramidación que multiplica el precio final pagado por el consumidor. La medida que debería adoptarse es su eliminación definitiva. Al igual que el Impuesto Especial, reducido en la actualidad al 0,5% desde el 5,1% inicial. La caída de la recaudación de este impuesto ha pasado de 1.385 millones en 2015 a 1.088 en 2021, este es otro impuesto que conforma la base del IVA, por lo que lo recomendable sería su eliminación definitiva.
Desde el plano jurídico, la aprobación de la medida no debería realizarse por Real Decreto Ley. En primer lugar, porque no existe la extraordinaria y urgente necesidad exigida para su aprobación. A pesar de que el gobierno desde 2018 ha aprobado 115 Real Decretos –ocho más que en las tres legislaturas de Rajoy-, lo que supone una media de 2,57 Decretos Leyes al mes. El precio de la electricidad está alcanzando máximos, pero si el Gobierno no ha actuado hasta que las elecciones andaluzas no le han puesto en cuestión, esta desidia no puede argumentarse para justificar una extraordinaria necesidad. Por lo que la vía de aprobación de la medida debería ser el trámite parlamentario habitual seguido para la aprobación de las leyes ordinarias.
El momento actual requiere que se traslade un mensaje de estabilidad, de manera que no se tensionen los mercados y España sea un lugar atractivo para que las inversiones sean rentables. La apertura de los mercados, la liberalización de la producción y comercialización de la energía eléctrica, la eliminación de la sobre imposición que afecta al sector, son medidas reales y eficaces que permiten bajar el precio final de la luz.
