Hacienda adelanta el futuro "recargo fiscal" sobre el beneficio de las energéticas a 2022. Para lograrlo, el Ministerio se plantea presentar una proposición de ley en julio, por el trámite de urgencia, que entrará en vigor antes de que acabe el presente ejercicio, aunque será exigible a partir de 2023.
De esta forma, el Gobierno lograría esquivar la normativa tributaria que impide aplicar con efectos retroactivos los gravámenes desfavorables al contribuyente. Además, evitaría los recursos que el sector energético pueda presentar contra la nueva figura por retroactividad. No obstante, el acelerón en el recargo no elimina el riesgo de que los jueces anulen finalmente el gravamen por incidir en doble imposición de los beneficios obtenidos, ya que el recargo tiene en cuenta la misma base imponible que se utiliza en Sociedades. En lo que no hay duda alguna es en que esta jugada del Ejecutivo vuelve a dejar patente su obsesión por señalar al sector como el gran beneficiado de los altos precios de la energía que medidas como topar el gas apenas corrigen. De hecho, María Jesús Montero volvió a dar muestras de ese afán por castigar a las empresas al asegurar en una entrevista que este sector está interesado en "derribar al Gobierno" para "preservar su margen de beneficios". Vaya por delante que desde el inicio de la escalada de precios es más que discutible la existencia de esos "beneficios extraordinarios" a los que el Ejecutivo recurre para argumentar el recargo.
El Gobierno adelanta la entrada en vigor del recargo al sector energético evitando reclamaciones por retroactividad
Pero lo que carece de toda justificación es el castigo fiscal a unas empresas cuya actividad y tributación se sujeta en todo momento a lo que el mercado y las leyes demandan. Este golpe al sector es, por tanto, una muestra más del populismo de un Gobierno ya inmerso en el próximo ciclo electoral.
