Pedro Sánchez quiere presentarse como el adalid de la izquierda, tras la debacle de las elecciones autonómicas andaluzas, en las que el PP obtuvo una mayoría absoluta que le permite prescindir de Vox. Y aprovechó la presentación este sábado del segundo decreto anticrisis para escenificar este giro, anticipándose al largo camino electoral hacia las elecciones autonómicas y municipales del próximo año.
En este sentido, el presidente del Gobierno quiso mostrarse en la rueda de prensa en la que se presentaron las medidas del segundo decreto anticrisis, como un político enfrentado al poder económico, un terreno en el que sus socios de coalición siempre se han mostrado más combativos. Sánchez aseguró que su Ejecutivo es "muy incómodo" para "determinados poderes económicos" que "tienen sus terminales políticas y mediáticas", y subrayó que no van a conseguir "quebrar" al gobierno pese a que "se le golpea mucho".
"A este Gobierno se le golpea mucho por parte de determinados poderes", afirmó Sánchez, "una realidad", a su juicio, que sufren desde hace cuatro años. "Primero con la moción de censura", que puso fin al ejecutivo de Mariano Rajoy y, posteriormente, "con la formación del primer gobierno de coalición progresista". Pero el presidente aseguró que esos intereses no les "van a quebrar". "Sabemos para quién gobernamos, para la clase media trabajadora de este país, y ya sabemos que eso molesta a algunos poderes económicos", subrayó.
Impuesto a las energéticas
Este discurso marcadamente izquierdista lo mostró en una rueda de prensa en la que también se anunció una medida que va a ser presentada como proposición no de ley, con el objetivo que entre en vigor el 1 de enero de 2023, "un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas", acogiendo así la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ya pidió hace poco la creación de este impuesto para compensar a los ciudadanos por la "enorme transferencia" que están haciendo a estas compañías ante el alza de los precios energéticos", señaló Díaz. Un tributo que tendría por tanto efecto retroactivo para los beneficios de esta firma en 2022, aunque entre en vigor el próximo año.
En este sentido, el presidente apuntó que no es viable "que algunos resulten beneficiados a costa del esfuerzo de las mayorías". Respecto al diseño de este nuevo impuesto, afirmó que se están "estudiando" los diseños de otros gobiernos que han adoptado una medida en esta línea, aunque añadió que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los beneficios, "es un ejemplo al que estamos mirando de manera muy particular".
El presidente señaló que la cuantía del nuevo plan anticrisis será de 5.500 millones de euros en gasto y 3.600 millones en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales. En total, entre los dos decretos se estima un esfuerzo de unos 15.000 millones en el conjunto de 2022.
Medidas aprobadas
Entre las respuestas aprobadas este sábado se encuentran el aumento en un 15% de las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, lo que equivale a 60 euros mensuales hasta final de año. A ello se suma la ayuda directa de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales. La cuantía filtrada en días anteriores ascendía a 300 euros. Sánchez ha remitido a la publicación del decreto para conocer con exactitud qué colectivos podrán solicitar esta ayuda, si bien ha afirmado que se podrán pedir a partir de julio.
Además, se rebaja del 10% al 5% el IVA sobre la electricidad, se mantendrá la ampliación del bono social y la minoración de la retribución de la energía eléctrica. También se limitará el precio máximo de la bombona de butano en los 19,55 euros hasta fin de año. También se mantendrá la reducción de 20 céntimos por litro a los combustibles hasta final de año.
En cuanto al transporte, el Gobierno de coalición reducirá al 50% el precio de todos los abonos mensuales y cualquier título multiviaje para los servicios prestados por el Estado (como Renfe), pero solo del 30% para los abonos de servicios prestados por las comunidades autónomas. Según ha informado el Ministerio de Transportes, esta medida está cuantificada en 221 millones de euros.
Entre las medidas adicionales se encuentra el mantenimiento del IVA al 4% en la compra de mascarillas, la extensión de las ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma, la ampliación de las ayudas contra la sequía, las ayudas directas a la industria gasintensiva y la prórroga hasta septiembre del pago de las cuotas en la Seguridad Social al sector pesquero, al agrario y al del transporte.
