El Gobierno sigue dando palos de ciego en su objetivo de frenar la escalada de los precios de la energía. Buen ejemplo de ello es que aprobará la propuesta del PP de rebajar el IVA de la luz al 5% tras tacharla de "cosmética".
El fracaso del tope del gas es lo que ha llevado al Ejecutivo a rescatar esta idea de la oposición, que es positiva pero insuficiente. De hecho, solo supondrá una merma de 5 euros en una factura de 100 euros. Además, se trata de una vuelta de tuerca sobre medidas generales que ya se han tomado y que no tienen en cuenta a los más afectados por los mayores costes de la energía. Pero más grave aún es la otra "solución" que el Gobierno baraja: el "recargo fiscal" para las eléctricas en 2023 que la ministra Montero anunció el lunes. Lejos de mostrar propósito de enmienda en su obsesión por señalar al sector como los grandes beneficiarios de los altos precios de la energía, el Gobierno ya estudia acelerar incluso dicho recargo a las empresas. Para ello, baraja recurrir a una ley de urgencia con la que podría subir diez puntos el impuesto de Sociedades a las eléctricas en un plazo aproximado de quince días. Vaya por delante que desde el inicio de la escalada de precios es más que discutible la existencia de esos "beneficios extraordinarios" a los que el Ejecutivo recurre para justificar este nuevo castigo fiscal.
El Gobierno planea recurrir a una ley de urgencia para acelerar la subida de Sociedades al sector energético
Pero también debe criticarse que el Gobierno recurra de nuevo a medidas de carácter general, como rebajar el bono transporte, en vez de concentrarlas en los sectores más vulnerables y en las empresas que más sufren, como la industria electrointensiva. Por si fuera poco, la actual estrategia de descuentos para todos no desincentiva el consumo energético, lo que convierte las medidas en inútiles en el objetivo de frenar los altos precios.
