El 16 de junio entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que se publicó para cumplir con la obligación de transponer, con bastante demora por cierto, la Directiva 2014/2017 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Pero esta Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario va un paso más allá del contenido de la Directiva, pues, además de introducir una detallada regulación del régimen jurídico de los intermediarios de crédito, trata también de dar una respuesta legislativa a las cuestiones que más litigiosidad han provocado, con numerosa jurisprudencia en muchas ocasiones contradictoria, en la materia relativa a los contratos de crédito inmobiliario.