Metrovacesa cerró los nueve primeros meses del año con unos ingresos de 302,1 millones, lo que supone un 14,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. La mayor parte de dichos ingresos (289 millones de euros) procedieron de su negocio residencial y el resto (13,1 millones de euros), de la venta de suelo.

El mercado residencial del alquiler lleva meses experimentando una profunda transformación en la que ha destacado la intervención -sin éxito- del Gobierno para controlar los precios. Primero, con el límite de subida del 2% impuesto a los propietarios a finales de 2022, y después a través de ley de vivienda, que entró en vigor en mayo.

"La mitad de lo que gano es para pagar el alquiler. Mi capacidad de ahorro es prácticamente nula y no me planteo buscar otro piso porque los precios no dejan de subir". Es el testimonio de Ángela, una joven profesional de 34 años que reside en el distrito madrileño de Vicálvaro. Paga 780 euros por un piso de 54 m2 en el que vive sola. "Estoy pensando volver a casa de mis padres porque así no se puede vivir", dice. Y como ella, muchas personas más que ven como el pago del alquiler se come buena parte de sus ingresos.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluye más de una docena de medias en materia de vivienda, como elevar el parque público al 20% del total, aprobar de manera inmediata el nuevo índice que servirá de referencia para actualizar los alquileres o consolidar el Bono de Alquiler Joven. La primera propuesta -que ya recoge la ley de vivienda a través de varias iniciativas- fue una de las promesas que ambas formaciones presentaron en la antesala de los comicios autonómicos y municipales de mayo. Los expertos ya advirtieron en su momento que cumplir el objetivo del 20% sería prácticamente imposible. Ahora lo califican de "un sueño".