El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluye más de una docena de medias en materia de vivienda, como elevar el parque público al 20% del total, aprobar de manera inmediata el nuevo índice que servirá de referencia para actualizar los alquileres o consolidar el Bono de Alquiler Joven. La primera propuesta -que ya recoge la ley de vivienda a través de varias iniciativas- fue una de las promesas que ambas formaciones presentaron en la antesala de los comicios autonómicos y municipales de mayo. Los expertos ya advirtieron en su momento que cumplir el objetivo del 20% sería prácticamente imposible. Ahora lo califican de "un sueño".
"La propuesta es fantástica, pero teniendo en cuenta que actualmente solo representa a un 2% del parque total, me parece un sueño", dice Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) y ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario).
El experto señala que esta es una medida "muy necesaria para la población" si finalmente se comprometen a trabajar en el aumento del parque de viviendas públicas, pero advierte que "se trata de un proyecto ambicioso a largo plazo", y señala que se hay que ser realistas: "esto no se logra de la noche a la mañana, sino a lo largo de muchos años".
Según recoge el acuerdo programático firmado por PSOE y Sumar, ambas formaciones se han comprometido a aumentar el parque público de vivienda para alquiler asequible a través de una "decidida y ambiciosa" política de inversión pública a medio y largo plazo. Esta medida, dicen, "pondrá a los jóvenes en el centro del acceso a la vivienda".
El parque público se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía. Para dicho objetivo, se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb.
"Virtualmente imposible"
El objetivo que el PSOE presentó a finales de mayo para aumentar el parque público de vivienda al 20% contemplaba un plazo de ejecución de 20 años, algo "imposible de cumplir", según anticiparon entonces desde Esade. En concreto, y según destacaba un informe de la escuela de negocios, en España hay 26 millones de casas, de las cuales 290.000 son titularidad pública destinadas al alquiler, lo que representa el 1,1% del total. Para que el Ejecutivo cumpliera su meta del 20%, de aquí a 2043 deberían levantarse cada año tantas viviendas como ya hay construidas, algo que los expertos consideraban como "virtualmente imposible".
El texto destacaba que esta condición solo sería válida si todas las viviendas añadidas al parque español en las próximas dos décadas fueran públicas, algo que "no va a suceder" en la medida en que seguirá existiendo un mercado de vivienda privado. Para que la proporción pase al 20%, por tanto, al menos 9 de cada 10 viviendas sumadas deberían ser públicas. "Algo que se antoja improbable".
Para dimensionar mejor lo que significaría esto, desde Esade explicaban que entre 1991 y 2021, en total y según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), España terminó 8.860.000 viviendas. Pero dentro de ese agregado se han vivido momentos muy distintos: en el pico de la burbuja inmobiliaria, en 2007, España terminó 641.000 viviendas si lo medimos por certificados de fin de obra. Bajaría a solo 40.000 en 2016, el mínimo en lo que llevamos de siglo. La media, en cualquier caso, ha sido de unas 295.000 por año.
