Es nuestro país muy dado a solucionar problemas que no tiene, hallando soluciones que no solo no mejoran las cosas, sino que las empeoran. En los últimos acontecimientos sobre el IAJD que grava las hipotecas tenemos un claro ejemplo de marear la perdiz sin aportar nada. Así, tantos esfuerzos destinados a clarificar lo que estaba claro por parte del Tribunal Supremo se han transformado en iniciativas legislativas para terminar de estropearlo todo de la peor manera.
Son muchos los déficits que presenta el Gobierno de Pedro Sánchez. Tiene, entre otros, déficit de apoyos parlamentarios, déficit de agenda de Gobierno inteligible, déficit de iniciativas legislativas y déficit de dar solución a los graves problemas patrios. Con todo, no se diferencia mucho del Gobierno anterior en algunos de esos déficits, aunque quizás ahora estén corregidos y aumentados. Lo que sí parece patente es que no tiene interés en alcanzar un déficit público del nivel requerido por Bruselas y comprometido por el anterior ejecutivo y, sobre todo, necesario para ir sentando las bases que nos permitan superar una próxima crisis.
Mientras Pedro Sánchez aún no sabe si podrá o no aprobar los presupuestos, ha firmado un acuerdo con Podemos para asegurarse, por lo menos, los votos de la formación morada. No se trata tanto de un acuerdo presupuestario como de legislatura, pues incorpora diversas materias y no solo las relacionadas con los presupuestos. Podemos se llena la boca de decir, y ahora lo hará más, que participa en el Gobierno, aunque lo dudoso es que haya tal cosa, dada la incapacidad para sacar adelante cualquier medida y el rápido desgaste de varios ministros, con dimisiones que aún están por llegar y que se van a sumar a las que ya ha habido, algo que no habíamos visto hasta la fecha en nuestra democracia.
Mucho se está hablando de la desaceleración de la economía española que, de alguna manera, ya ha empezado, y mucho se está criticando al Gobierno, que algunos señalan como uno de los principales culpables. No obstante, no es posible que un Gobierno que acaba de llegar y con poca capacidad de acción sea responsable de un cambio de tendencia que hunde sus raíces en factores mucho más complejos que los bandazos que está dando el Gabinete de Sánchez, tan inexperto y carente de objetivos que lo único que es capaz de hacer en la práctica es propaganda y cesar ministros.
El BCE no acaba de decidir la total retirada de la compra de activos, que en principio estaba prevista para septiembre de este año, pero que se prolongará hasta finales de 2018. Desde que el programa estuviera en máximos mensuales de compra de 80.000 millones, el BCE tanto en 2017 como en 2018 ha reducido el programa a 60.000 y 30.000 millones respectivamente, para finalizar el último cuatrimestre de este año en 15.000 millones. Si el crecimiento económico y la inflación no defraudan, la retirada total del programa podría producirse en enero de 2019.
Pablo Hernández Cos, que será nombrado gobernador del Banco de España, supone la total profesionalización y desvinculación de la política en este cargo, más aún que la evidenciada por José María Linde, que estuvo vinculado a la Administración como TECO en su juventud. Hernández Cos, sin embargo, no ha ejercido más que cargos técnicos y tiene una dilatada trayectoria en el Banco de España, algo que también se podía decir de Linde, pero no así de Miguel Ángel Fernández Ordoñez o Jaime Caruana, ambos con mayor perfil político, sobre todo el primero.
La banca ha presentado unos buenos resultados en el primer trimestre de 2018, en consonancia con la buena marcha de la economía y con el aumento de la eficiencia que, en general, está experimentando el sector, que muestra una buena capacidad de adaptación al entorno de bajos tipos de interés, tanto por el crecimiento experimentado en comisiones y productos de intermediación como en la contención de gastos generales, que está, salvo alguna excepción, dando sus frutos. A los mejores resultados también han contribuido las menores provisiones para dudosos, a excepción de Bankia por la fusión con BME.
Los bancos llevan muchos años haciendo todo tipo de deberes para superar una situación que casi desbordó el sistema entero. Unos los han hecho por propia voluntad y otros, algunos discutibles, se los han impuesto. Todo ello ha mermado la rentabilidad bancaria y ha sometido a las entidades a múltiples obligaciones que, finalmente, han representado un coste considerable.
El nuevo ministro de Economía, Román Escolano, pasa por ser la apuesta del ministro saliente para el cargo y representa la continuidad en la cartera. La elección está muy en la línea de Rajoy, es decir, ningún aspaviento ni sobresalto y ninguna concesión a cuotas, como se venía especulando erróneamente hace unos días en los que se barajaba el nombre de una mujer.
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), junto con el presidente, pertenece a los tres órganos de gobierno del banco: Comité Ejecutivo, Consejo de Gobierno y Consejo General. El Comité Ejecutivo dirige la gestión ordinaria y lleva a la práctica la política monetaria que es definida por el Consejo de Gobierno, al que pertenecen, además de los miembros del Comité Ejecutivo, los gobernadores de los Bancos Centrales del Eurosistema. El Consejo General, sin embargo, tiene funciones menos decisivas, como los informes, estadísticas y normas para países que no forman parte del euro.