Siguiendo la estela de otras instituciones y servicios de estudios, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, ha revisado también al alza el crecimiento de nuestro PIB, en concreto hasta un 2,9% este año en línea con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque, eso sí, advierte ya que a partir de 2025 se acabó la fiesta.
Mientras decenas de miles de voluntarios de todos los rincones de España y con ellos otros tantos militares, policías, bomberos y sanitarios se afanaban en limpiar las calles, buscar desaparecidos, repartir artículos de limpieza, enseres, agua y alimentos y en atender y auxiliar a las víctimas de la DANA. Mientras otros muchos ciudadanos particulares y empresarios donaban cantidades de dinero, maquinaria y artículos de necesidad, la solidaridad de los autodenominados sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se concretaba en convocar un paro de diez minutos en todos los centros de trabajo públicos y privados del país.
No hacía falta ser muy avispado para sospechar que bajo esa lluvia de millones para los damnificados por la DANA que Pedro Sánchez anunciaba con cara de falsamente compungido, el jefe del Gobierno escondía alguna trampa para rentabilizar la desgracia ajena en su propio beneficio político y personal. Lluvia de 10.600 millones de euros que ya veremos cómo, cuánto y cuándo llega. Y si no que les pregunten a los afectados por el volcán de la isla de La Palma que, tres años después, todavía siguen esperando las casas prometidas.
Es de sobra sabido y demostrado que cuando la naturaleza desata su furia más destructora y ante las grandes tragedias sale a relucir lo mejor y lo peor del ser humano. Y esto ha vuelto a reproducirse durante la desgraciada catástrofe de la DANA en la que las imágenes del denodado esfuerzo, la heroicidad y la solidaridad de los servicios de rescate, de los militares, de los bomberos, de policías y guardias civiles y de tantos ciudadanos anónimos, se mezclaban con la mezquindad y la vileza de despreciables saqueadores que aprovechan la desgracia de sus semejantes para dedicarse al robo, la rapiña y el pillaje.
Dice la llamada ley Campoamor, que nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con qué se mira. Y eso es lo que ocurre con el mercado laboral de este país que reflejan los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, que dependen del cristal y de los ojos de quien los explica o analiza.
Lealtad institucional. Probablemente esta haya sido la expresión mas usada y repetida por el presidente del Gobierno, los ministros autómatas y sus monaguillos para denostar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su negativa a acudir a la cita en La Moncloa. Negativa que, lejos de ser absentismo laboral como la calificó la vocera del Ejecutivo, era una demostración de productividad dada la inutilidad del encuentro ante los hechos consumados de Sánchez pactando la independencia fiscal de Cataluña con los independentistas y rompiendo la solidaridad y la igualdad entre los españoles.
El caos ferroviario padecido el pasado fin de semana en las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, con 20.000 pasajeros afectados y 22 trenes de Renfe cancelados ha sido el corolario a la gestión lamentable de un gobierno que desde sus inicios se ha caracterizado por su incapacidad para gestionar pero que ahora parece haber desertado de sus obligaciones para centrarse casi en exclusiva en intentar aguantar en el poder cueste lo que cueste, y con un presidente acorralado por los problemas judiciales de su mujer, de su hermano y del que fuera su número dos en el partido y el Gobierno.
Se denomina aluminosis o fiebre del hormigón a la lesión que se manifiesta especialmente en las viguetas de los forjados de los edificios, por la cual el hormigón utilizado pierde sus propiedades haciéndose menos resistente y más poroso, poniendo así en peligro la estabilidad del edificio. Una enfermedad que está contaminando también la política de vivienda y la gestión del gobierno, afectada por una aluminosis de la ideología.
Menos mal que nos queda Portugal. Era esta una expresión mezcla de supremacía y de resignación que se repetía cada vez que la situación a este lado de la raya se volvía difícil. Expresión que, en segunda acepción, viene ahora a cuento cuando vemos como mientras el gobierno de Portugal anuncia una batería de rebajas fiscales a empresas y trabajadores, entre las que destacan las exenciones de hasta el 75% en el IRPF a jóvenes menores de 35 años para poner fin a la fuga del talento joven. Mientras que aquí en España el gobierno sanchista se dedica a subvencionar el ocio mediante el bono cultural joven y pregonar a bombo y platillo el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler, medidas que no son más que anzuelos para pescar voto cautivo.
Acorralado por la presunta corrupción generalizada de los casos Koldo -ahora caso PSOE tras los informes de la UCO- de su mujer y de su hermano, además de por la traición a las víctimas del terrorismo excarcelando a presos de ETA, el presidente del Gobierno que ya anunció a comienzo de curso su intención de subir los impuestos, se apunta a esa obsesión insana que tienen todos los totalitarismos por expoliar fiscalmente a los ciudadanos y nos amenaza con perpetrar otro asalto fiscal al común de los contribuyentes, las clases medias, los trabajadores y a unas empresas asfixiadas por la voracidad fiscal de un gobierno que, incapaz de crear riqueza y puestos de trabajo, se dedica a esquilmar los bolsillos de los ciudadanos.