Menos mal que nos queda Portugal. Era esta una expresión mezcla de supremacía y de resignación que se repetía cada vez que la situación a este lado de la raya se volvía difícil. Expresión que, en segunda acepción, viene ahora a cuento cuando vemos como mientras el gobierno de Portugal anuncia una batería de rebajas fiscales a empresas y trabajadores, entre las que destacan las exenciones de hasta el 75% en el IRPF a jóvenes menores de 35 años para poner fin a la fuga del talento joven. Mientras que aquí en España el gobierno sanchista se dedica a subvencionar el ocio mediante el bono cultural joven y pregonar a bombo y platillo el reparto de 200 millones de euros para jóvenes en bonos de alquiler, medidas que no son más que anzuelos para pescar voto cautivo.
Un problema este de la fuga de cerebros que afecta también y de manera especialmente grave a España donde, con datos de un reciente estudio del Instituto de Investigaciones Económicas (IVE) y BBVA, cada mes emigran de nuestro país 35.000 jóvenes con estudios, y subiendo. En total fueron 426.000 los jóvenes con estudios que se fueron de España en el año 2022, frente a los 318.000 que lo hacían en 2018. Fuga de cerebros que los autores del estudio estiman que supone una pérdida de 155.000 millones de euros en valor de capital humano, añadido al coste invertido en formación.
La búsqueda de desarrollo personal y profesional y de mejores oportunidades laborales son las razones que esgrimen estos jóvenes para emigrar. Oportunidades que no encuentran en este "progreso económico social de España", del que presumía la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una reciente intervención en el Congreso. Progreso económico y social que sólo existe en los sueños húmedos de la ministra y de sus compañeros de Gabinete, pero que desmienten los indicadores de nuestra economía, nuestro mercado de trabajo y de exclusión social.
Cómo hemos reiterado desde esta tribuna, la realidad de la economía española revela un aumento disparatado de la deuda pública hasta alcanzar el 108,2% del PIB, con impúdico incremento del gasto público que supera los 80.000 millones de euros anuales, el mantenimiento de los desequilibrios fiscales y una recuperación del PIB más superficial que real. Afirmación esta que se comprueba si vemos que el avance del PIB nominal se sustenta sólo sobre la masiva llegada de turistas, la fortaleza del mercado inmobiliario y la llegada de los fondos Next Generation, al tiempo que se constata una creciente desaceleración del consumo privado y una inversión en caída libre que está tres puntos por debajo de 2018.
Estos son los logros de los que presumen Sánchez, sus ministros y sus corifeos, frente a los que Portugal anuncia un crecimiento del 1,8% de su economía para este año por encima de sus anteriores estimaciones, y anticipa un superávit presupuestario del 0,4 % del PIB para este ejercicio en un contexto de estabilidad laboral.
El peso de la deuda pública de Portugal se situó en el 100,5 % del PIB en el primer trimestre de 2024, y tasa de paro del 6,4% la mitad que la reconocida en España, con un aumento del 6,24% por ciento en la inversión extranjera que contrasta con desplome del 58% de la entrada de inversiones exteriores en España desde que está Pedro Sánchez al frente del gobierno.
Tanto con el actual gobierno conservador de Luis Montenegro, como con el anterior del socialdemócrata -este sí lo es- de Antonio Costa, Portugal no sólo ofrece incentivos fiscales y apoyo a las empresas sino que es un ejemplo de estabilidad política, seguridad jurídica y coherencia económica. Pues eso, menos mal que nos queda Portugal.