Bruselas
A España se le acumula el trabajo ante Bruselas en la recta final del año y eso afecta directamente a la tramitación prevista para 2024 de los fondos Next Generation. El Gobierno apura el paso para no descarrilar con el calendario, pero el tiempo apremia y sobre el Ejecutivo planea un retraso forzoso. A escasos tres meses de que termine el ejercicio, España debe solicitar todavía el quinto y el sexto pago del Plan de Recuperación de la pandemia para cumplir con la agenda pactada con el Ejecutivo comunitario. Y si bien reitera su intención de pedir el quinto desembolso antes de final de año, todo apunta a que, como mínimo, el sexto tramo no llegará a tiempo y tendrá que gestionarse en 2025.
En concreto, llevar la solicitud del quinto pago tan al extremo, al filo del cierre del ejercicio, pospondría, forzosamente, el sexto desembolso, que también estaba agendado para 2024. Se trata de una partida de 4.000 millones de euros en fondos y 14.000 millones de euros en préstamos que se desplazaría en el calendario.
Hasta ahora, la pauta pactada entre el Ejecutivo comunitario y el español estaba clara, y apuntaba a que el Gobierno debía pedir el quinto y el sexto desembolsos de fondos Next Generation a lo largo del 2024. Las dudas surgían, sin embargo, el pasado martes durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE que tuvo lugar en Luxemburgo. El titular español de ese departamento, Carlos Cuerpo, trataba de disipar el interrogante sobre su compromiso con el calendario. El quinto tramo, aseguraba, llegará a tiempo. Y afirmaba "realista" que el Gobierno solicitase a Bruselas, antes de cierre de año, esos 7.000 millones de euros, distribuidos en 6.500 millones en subvenciones a fondo perdido y 500 millones en préstamos.
Pero ya no se trata solo de que el Gobierno no cumpla con la agenda pactada con Bruselas. A ello se añade que, aunque España cumpliera con este objetivo de pedir el quinto tramo antes de cierre de año, los plazos de evaluación imposibilitarán que reciba la financiación en 2024, ni del quinto tramo y, por descontado, del sexto tramo.
El procedimiento apunta a que, tras una solicitud de pago, la Comisión Europea cuenta con dos meses para realizar su evaluación sobre el cumplimiento de hitos y objetivos. Posteriormente, el Consejo de la UE, es decir, los Estados miembro, cuentan con cuatro semanas para decidir si respaldan la decisión. El plazo de análisis del Ejecutivo comunitario puede verse ampliado en caso de vacaciones o de petición por parte de los Estados miembro.
Pero el toque de atención de Bruselas se produjo realmente ya en junio. En el marco de sus recomendaciones por país instaba a España a abordar "los retrasos emergentes" del Plan de Recuperación. En todo caso, el calendario establecido es orientativo y no supone un gran problema que los países no cumplan con las dos solicitudes de pago previstas para cada ejercicio. Si hay un ejemplo de tal situación es Alemania, que hizo acopio de una petición de mayores dimensiones en las que aglutinó los retrasos de solicitudes de pago acumuladas.
Reforma fiscal
El otro escollo que el Gobierno tendrá que salvar es la reforma fiscal. Enmarcada en el quinto desembolso, la reforma fiscal se perfila para protagonizar una de las principales tiranteces entre Gobierno y Comisión Europea y posible causa de nuevos retrasos en la solicitud y, por ende, en la ejecución del plan. Si España apuntaba en junio que daba por zanjada esta reforma, Bruselas no estaba tan de acuerdo. Le advertía de que queda trabajo por hacer en este sentido. Y, por si al Gobierno le faltan ideas, le sugería en sus recomendaciones de primavera medidas como la subida del IVA, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables, o la introducción de impuestos medioambientales.
Por lo pronto, las negociaciones entre el Gobierno y Bruselas por esta reforma continúan. El plan de Recuperación requiere de una fiscalidad modernizada y simplificada, pero la divergencia entre las expectativas de ambos ejecutivos podrían dilatar las negociaciones. En caso de que la Comisión Europea finalmente concluya que no se ha cumplido con lo esperado para esta reforma, podría aplicar un pago parcial. Lo que daría a España un plazo de seis meses para subsanar errores y acceder a la financiación pendiente.
La raíz de tal retraso radica, en realidad, en el cuarto pago y la accidentaba aprobación de la reforma del subsidio por desempleo. La petición del cuarto desembolso se realizó a pocos días de terminar el 2023, a tiempo para cumplir con el calendario. Sin embargo, la no convalidación en el Congreso de la reforma del subsidio por desempleo, tras la negativa de Podemos en el arranque de año, dilató los tiempos.
La Comisión prorrogó el análisis después de que España pidiera modificar ciertos detalles técnicos del plan de Recuperación y, agregó cierta flexibilidad por las elecciones europeas. El proceso de evaluación de la Comisión, que como mucho suele extenderse tres meses, alcanzó el medio año y permitió la entrada de la reforma del subsidio por desempleo como aprobada. La consecuencia directa de ello fue que la cuantía suspendida por el pago parcial fue mucho menor de la que entrañaría la reforma del subsidio de paro. Al final, sumaron 130 millones por un programa ligado a la digitalización de las pymes. La cuenta atrás para cumplir con estos deberes pendientes queda ahora en tres meses.
Tras las complicaciones del cuarto pago subyace la realidad de una aritmética parlamentaria que lo que deja es un delicado escenario de pactos para sacar medidas adelante, incluidas las del quinto y sexto pago pero también otros compromisos que el Ejecutivo debe remitir a Bruselas, como el plan presupuestario. El apretado calendario de sesiones en el Congreso de los Diputados que proyecta el Gobierno para los últimos meses del año tiene como protagonistas otras importantes medidas vinculadas a la jornada laboral, la ley del Suelo, la financiación autonómica, o el paquete de medidas de Vivienda.