El Arco Mediterráneo, que sufrió con mayor virulencia los efectos de la recesión por su elevada exposición al ladrillo, tira ahora del PIB español, hasta el punto de haberse convertido en imprescindible para nuestro país a la hora de capear la desaceleración económica. Así, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña son las responsables de que España haya crecido un 0,8% en el primer trimestre, nivel similar al observado en el segundo tramo de 2015.

La revisión del cuadro macroeconómico que el Gobierno en funciones ha llevado a cabo para el envío del nuevo Programa de Estabilidad a Bruselas frustra que España sea capaz de recuperar su tamaño económico previo a la crisis este mismo año, tal y como se había barajado hasta ahora. El objetivo tendrá que esperar, ya que con un avance del 2,7%, el PIB terminará 2016 en 1,11 billones, 6.000 millones de euros por debajo del récord que se obtuvo en el año 2008 -ejercicio muy negativo en términos económicos, pero en el que aún aumentó la actividad por la inercia de los ejercicios anteriores-. Hoy mismo la Comisión Europea ha publicado que cree que España incumplirá de nuevo el déficit en 2017.

La desaceleración que afecta a la economía española, que avanzó un 3,2% el año pasado y apunta ahora a un avance menor en 2016, de aproximadamente el 2,7%, es sólo "modesta". Así lo certifica el Banco de España en el Boletín Económico relativo al mes de abril, en el que el supervisor resta importancia al menor avance del PIB porque el consumo privado sigue manteniendo un comportamiento "dinámico".

El déficit conjunto del Estado, las comunidades autónomas y el Sistema de la Seguridad Social se elevó al 1,11% del PIB en los dos primeros meses del año frente al 0,92% firmado en el mismo periodo del año anterior, unos 1.900 millones de euros, según los datos que ayer mismo distribuyó el Ministerio de Hacienda. Las tres esferas administrativas empeoraron sus registros, pese a que el Departamento que dirige en funciones el ministro Cristóbal Montoro justificó el deterioro en el menor superávit del Fondo de Garantía de Depósitos y del Servicio Público de Empleo SEPE; y el traspaso de casi 500 millones menos de anticipos a las regiones.

Las comunidades autónomas tendrán que aprobar ajustes adicionales por valor de 2.000 millones de euros si España quiere cumplir el límite de déficit del 3,6% este año, apuntó ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre la nueva versión del Programa de Estabilidad que el Gobierno en funciones debe remitir a Bruselas a finales de esta misma semana.