La contratación menor de la Seguridad Social fue puesta ayer en tela de juicio por el Tribunal de Cuentas por segunda vez este mismo año. El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda ya hizo público en enero que había detectado riesgo de fraccionamiento y facturas sin suficiente justificación en la actividad de la Tesorería General en el año 2013. Y ayer emitió un veredicto parecido, referente al mismo ejercicio, a cuenta del Instituto del sistema.
El Tribunal explicó en una nota que tras llevar a cabo una exhaustiva fiscalización, "se han observado algunos supuestos en los que existe el riesgo de fraccionamiento del objeto del contrato, por tratarse de contratos menores con el mismo objeto".
Tanto es así que esas obras "fueron otorgadas en la mayor parte de los casos a la misma empresa", y el importe adjudicado superó en conjunto los límites que impone la Ley de Contratos del Sector Público (50.000 euros en contratos de obras y 18.000 euros para el resto). Los fraccionamientos se habrían producido no solo en los Servicios Centrales del Instituto de la Seguridad Social (INSS), sino también en las direcciones provinciales de Alicante, Madrid, Málaga, Pontevedra, Sevilla, Teruel y Zaragoza.
Por otro lado, la fiscalización deja patente que el Instituto no justificó suficientemente la necesidad de contratar en estos casos, y tampoco adecuó la oferta al precio general del mercado ni valoró convenientemente a los contratistas.
Y hay más: once contratos expedidos por las direcciones provinciales de Castellón, Lugo, Murcia y Sevilla fueron justificados con facturas cuya fecha "es anterior" a la de la aprobación del gasto por el Instituto.
El Tribunal de Cuentas recomienda al INSS que incremente los controles informáticos internos para detectar irregularidades; promueva concurrencia y los contratos; y valore mejor a los beneficiarios.
