Las comunidades autónomas tendrán que aprobar ajustes adicionales por valor de 2.000 millones de euros si España quiere cumplir el límite de déficit del 3,6% este año, apuntó ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe sobre la nueva versión del Programa de Estabilidad que el Gobierno en funciones debe remitir a Bruselas a finales de esta misma semana.
El organismo calcula que, con las medidas actuales, el desfase presupuestario se situaría en el 3,8%, dos décimas más del tope fijado por el equipo de Mariano Rajoy y un punto más del objetivo pactado con las autoridades europeas en el pasado. De aquí se deduce un serio peligro: si Bruselas decide no ceder y obliga a España a cumplir el 2,8%, el Ejecutivo deberá proceder a acometer ajustes por valor de 10.000 millones.
AIReF, que la semana pasada publicó un comunicado criticando la falta de información de manos de los Ministerios de Hacienda y Economía, ha podido emitir finalmente su veredicto. Y éste arroja algunas de cal y otras de arena. Entre lo positivo, el organismo "avala" las previsiones macroeconómicas del Gobierno para este año y se cree el escenario fiscal proyectado, lo que permitirá reducir un déficit del 5% a otro por debajo del 4.
Pero en lo negativo, cree que el Gobierno no está siendo transparente con el Acuerdo de No Disponibilidad de 2.000 millones anunciado hace ahora diez días; y augura que el déficit no bajará al 3,6% del PIB sin ajustes adicionales en al menos nueve autonomías, que hoy por hoy incumplirían el tope del 0,7% fijado por Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es más: el 0,7% es insuficiente y debe bajar al 0,6 para cumplir el 3,6 que, de paso, se solicita a la UE.
Apuros de la mitad de CCAA
La esfera autonómica será, por tanto, la que más quebraderos de cabeza provoque a quien deba comunicar los datos de déficit a final de año. Más aún, en un ejercicio en el que no está prevista ni una sola medida de contención del gasto en el Sistema de la Seguridad Social, la otra gran falla de la apuesta española por la consolidación fiscal.
La AIReF juzga necesario en su informe que se establezca un objetivo "diferenciado" de déficit por comunidades -algo a lo que Hacienda no está dispuesta-. Primero, porque el límite global del 0,7% puede hacer que las habituales cumplidoras "se relajen". Y segundo, porque las que parten en peor situación tendrían que crecer por encima del 7% si quieren evitar recortes.
Partiendo de objetivos diferenciados, el organismo cree que hay ocho comunidades que dejarán el desfase presupuestario en el 0,7% o por debajo si llevan a cabo una "ejecución rigurosa de sus presupuestos". Canarias, de nuevo, volverá a ser la alumna más aplicada de la clase y cerrará en equilibrio presupuestario, seguida de Galicia (0,3%) y Andalucía, País Vasco y Asturias (0,4%).
Sin embargo, hay otras nueve que hoy por hoy se situarían por encima de ese tope "y deben adoptar los Acuerdos de No Disponibilidad" anunciados por el Departamento del ministro Cristóbal Montoro. Son las del Arco Mediterráneo, habituales incumplidoras, mas la Comunidad de Madrid, Extremadura, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
En el informe que ayer hizo público la entidad que preside José Luis Escrivá aparece en peor situación la Comunidad Valenciana, que terminaría el año con un déficit del 1,5% pese a que el dinero extra que le va a llegar este año de manos del Estado le va a permitir reducir casi un punto su desfase. Extremadura, que podría cerrar el año con un déficit del 1,4%; y Murcia, con una previsión del 1,3%, completarían el podium de las autonomías en peor situación. Cataluña y Aragón, además, también se irían por encima del 1%, mientras que el desvío del resto sería más leve (cantidades de entre el 0,8 y el 0,9%).
AIReF pide a estas regiones que identifiquen las partidas sobre las que aplicarían esos Acuerdos de No Disponibilidad y plasmen esa información en los Planes Económicos y Financieros que deben remitir al Estado este mes de mayo. Y además insiste en que "a priori" no tendrán que reducir el número de empleos no financieros en relación al año anterior.
Medidas a medio plazo
En su nueva comunicación, el supervisor fiscal vuelve a incidir en peticiones habituales, como el cumplimiento de la regla de gasto -algo que las Administraciones se saltan cada año pese a que es un aspecto contemplado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria- y en la adopción de medidas al menos a medio plazo.
"La reducción sostenida del déficit público en los próximos dos años requiere de la adopción de medidas con una vocación de permanencia que no garantizan los Acuerdos de No Disponibilidad de vigencia anual", aduce en el informe, que augura un déficit por debajo del 3% en 2017 si las Administraciones cumplen estos supuestos.
Tira y afloja del supervisor con el Gobierno
La pasada semana, la AIReF denunció que no podía evaluar la revisión del Programa de Estabilidad, tal y como fija la ley, porque no le llegaba información suficiente de parte del Gobierno. El supervisor reconoce ahora que el día 21 recibió "documentación adicional", algo que le ha permitido emitir el informe -aunque sea fuera de plazo-.
Superada esa polémica, la Autoridad Fiscal envía otro pequeño misil al Ejecutivo y advierte de que "no dispone" del Informe sobre el Acuerdo del Consejo de Ministros de hace diez días que decidió el Acuerdo de No Disponibilidad de 2.000 millones para la Administración Central. Y ello, "aunque lo ha solicitado" para poder evaluar el impacto de esa medida.
