España está obligada a reducir el déficit público del 5% de 2015 al 3,6% del PIB, eso sí, siempre que Bruselas dé por bueno este último objetivo, algo que se conocerá oficialmente el 3 de mayo. Pero organismos como la AIReF calculan que solo será capaz de reducir el desequilibrio hasta el 4%, lo que obligaría a España a buscar 4.000 millones adicionales para rebajar la cifra al citado 3,6%.
Según la evaluación de este programa publicada por la AIReF, a los 2.000 millones de ajuste presupuestario del Estado anunciados por el Gobierno, se tendrán que sumar otros 2.000 millones de ajuste que entiende que se realizarán fundamentalmente en las comunidades autónomas.
Según la AIReF, hay ocho comunidades que no necesitarían ajustes adicionales si cumplen rigurosamente con sus presupuestos vigentes y que son Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja.
Las nueve restantes (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) sí tendrían que hacer ajustes adicionales mediante acuerdos de no disponibilidad que la AIReF cifra en 1.444 millones en total.
España se prepara para una amonestación
Así las cosas, la pregunta ahora es si la Comisión inaugurará el próximo mes sus sanciones de las reglas fiscales con España, para castigar esta apropiación no autorizada del tiempo extra, o si tirará de cintura política para no agitar un tablero político ya abarrotado de desafíos.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, explicó el pasado fin de semana, tras la reunión con sus colegas europeos en Amsterdam, que España ha conseguido una reducción significativa del déficit de más de cuatro puntos porcentuales durante la legislatura. Añadió que nuestro país se vio perjudicado por el pinchazo de la inflación, lo que afectó al crecimiento nominal. Aun así, el Gobierno emprendió reformas que ningún otro gobierno europeo se ha atrevido a aprobar, como en el mercado laboral.
De Guindos ha negado hoy que la economía española necesite ajustes tan duros como los acometidos en 2012 para cumplir con el nuevo objetivo de déficit flexibilizado al 3,6% del PIB para este año.
