El Gobierno en funciones va a tener que retocar intensamente el capítulo de ingresos impositivos en el Programa de Estabilidad 2016-2019 que debe remitir a Bruselas la semana que viene. La recaudación de los principales tributos hasta el mes de febrero dibuja una caída del 1,4% respecto al año pasado con bajadas importantes en IRPF (-4,7% en solo dos meses) y Sociedades (-2,1%).
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha podido emitir en plazo legal el informe preceptivo sobre el Programa de Estabilidad 2016-2019 que en unos días debe remitir el Gobierno a las instituciones comunitarias europeas. En un comunicado hecho público ayer por la mañana, el organismo presidido por José Luis Escrivá denuncia "falta de información suficiente" para preparar ese informe, ya que tan sólo recibió hace una semana un borrador de previsiones macroeconómicas de manos del Ministerio de Economía y Competitividad sin ningún tipo de detalle sobre la política fiscal que seguirá el Ejecutivo a partir de ahora.
El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, auguró ayer durante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que el crecimiento económico de los próximos años solo reducirá el déficit público hasta el 2,5%, justo la mitad del nivel actual.
Los cuatro partidos con posibilidades de formar Gobierno asumen ya que la convocatoria de nuevas elecciones es casi inevitable. Ayer, y después de que la Casa Real anunciase que el Rey llamará a consultas por última vez a los líderes políticos los días 25 y 26 de abril, varios actores políticos de PP y Ciudadanos reconocieron como "muy difícil" y "casi imposible" que se forme Gobierno el 2 de mayo y se eviten los comicios, que costarán al erario público otros 140 millones.
Los contribuyentes españoles apenas han declarado a la Agencia Tributaria un patrimonio de 3.700 millones en los llamados paraísos fiscales, según consta en la documentación de la Agencia Tributaria relativa a la declaración de bienes en el extranjero -el famoso modelo 720-.
Las maltrechas finanzas públicas españolas estarían ahora en una situación algo más desahogada si los 40.000 millones de euros que afloraron con la polémica amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 fueran detectados ahora por la Agencia Tributaria. Si esa cantidad fuera la que el fisco detectara ahora en el exterior, la Ley impondría al defraudador una multa del 150% sobre impuestos -a instancias del modelo 720, que hizo obligatoria la declaración de bienes en el exterior- y garantizaría unos ingresos de al menos 15.000 millones, cantidad más que suficiente para enjugar el desvío actual del déficit público.
El déficit público del año 2015, que se situó en el 5% del PIB según los últimos datos comunicados por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, no se debió en exclusiva a los agujeros de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social.
Hechos: la Comisión Europea, enojada, advierte a España sobre las dificultades para embridar el déficit en las comunidades autónomas e insta al Gobierno a tomar medidas. Realidades: el Ministerio de Hacienda endurece el discurso contra el derroche de los Ejecutivos regionales pero se muestra dispuesto a estudiar la flexibilización de las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en los casos, al menos, de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha activado ya su plan de intervención de las comunidades autónomas por el desvío fiscal en que incurrieron el pasado año, cuando acumularon un déficit del 1,66%, pese a que estaban obligadas a respetar el límite del 0,7%. En concreto, su Departamento ha remitido una docena de cartas a las Administraciones que más demoran su pago a proveedores.