Economía

El Gobierno obvia a la Autoridad Fiscal al diseñar el plan de ajuste para la UE

  • La Seguridad Social será la que mayor déficit presentará en cuatro años
  • Guindos explica que la información está pendiente de aprobar "en detalle"

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no ha podido emitir en plazo legal el informe preceptivo sobre el Programa de Estabilidad 2016-2019 que en unos días debe remitir el Gobierno a las instituciones comunitarias europeas.

En un comunicado hecho público ayer por la mañana, el organismo presidido por José Luis Escrivá denuncia "falta de información suficiente" para preparar ese informe, ya que tan sólo recibió hace una semana un borrador de previsiones macroeconómicas de manos del Ministerio de Economía y Competitividad sin ningún tipo de detalle sobre la política fiscal que seguirá el Ejecutivo a partir de ahora.

No obstante, esta mañana el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha respondido al organismo que la información que le falta está pendiente de aprobar "en detalle" y que por eso está incompleta.

El Programa de Estabilidad que debe enviar el Gobierno a la Comisión incluirá, además de las previsiones macroeconómicas, la senda a seguir para lograr la reducción del déficit público y de la deuda, que según datos del mes de febrero rebasa ya el 100% del PIB. 

Las nuevas previsiones que el Gobierno en funciones va a enviar a Bruselas en el marco del Programa de Estabilidad 2016-2019 contemplan un déficit público del 3,6% del PIB para este año y del 2,9% para 2017.

Precisamente es esa área en la que la AIReF, que fue creada a instancias del Ministerio de Hacienda por sugerencia europea, debe prestar más atención. Suya fue la advertencia, el verano pasado, de que el déficit de 2016 apuntaba al 5% por los desvíos en la Seguridad Social y las comunidades autónomas.

El organismo reconoce en su comunicado que el plazo legal para que presentara sus informes expiraba ayer. Aún así, no se puede descartar que la información que necesita termine llegando y pueda emitir su opinión antes de que el Gobierno se dirija a Bruselas. En cualquier caso, si el Programa de Estabilidad se remite sin aval de AIReF, las únicas consecuencias serán sobre la credibilidad de España y su compromiso con la reducción del déficit.

Déficit al 2% en 2019

Por ahora, y sin información fiscal detallada, la AIReF sólo ha podido dibujar un escenario provisional que ha ido detallando el presidente del organismo en sus últimas comparecencias parlamentarias. Sin más medidas de ajuste o estímulo en el horizonte, la Autoridad Fiscal entiende que la economía se seguirá beneficiando de la inercia positiva que generan los bajos tipos de interés y la pérdida de valor del crudo. Así, tal y como relató José Luis Escrivá en la Cámara Baja la pasada semana, no sería extraño que el crecimiento medio de los próximos cuatro ejercicios se situara en la órbita del 2,5%.

Gracias a esos avances, el déficit público se irá reduciendo algo más de medio punto al año hasta situarse en el 2% en 2019. El cumplimiento de las reglas europeas -o, lo que es lo mismo, situar el desfase por debajo del 3%-, se produciría en 2018, dos años más tarde de lo que en un principio el Ejecutivo había pactado con la Comisión Europea.

Por Administraciones, y sin disponer de la información fiscal que ha solicitado al Ejecutivo, la Autoridad Fiscal estima que el Estado logrará el equilibrio presupuestario en 2019; las autonomías también irán reduciendo sus números rojos, aunque a menos velocidad, y quedarán por debajo del 1% en cuatro años; la Seguridad Social acumulará un déficit latente del 1,5% del PIB; y las corporaciones locales volverán a maquillar la cifra global al presentar un superávit de cerca de medio punto, unos 5.000 millones.

Ahora bien, a juicio de AIReF, el cumplimiento de la regla de gasto -otra herramienta que contempla la Ley de Estabilidad, que pone límites al gasto de las Administraciones teniendo en cuenta el PIB a medio plazo, y que no está siendo utilizada por casi ninguna administración- bastaría para que la reducción del déficit fuese mucho más rápida. Con ella, el desfase presupuestario bajaría del 3% un año antes, en 2017. Y en 2019 el déficit se situaría en el 0,7%, muy cerca del equilibrio presupuestario al que, por otro lado, obliga la Ley de Estabilidad para el año 2020.

Hacienda se defiende

No es la primera vez que AIReF denuncia sus problemas a la hora de acceder a la información necesaria para emitir sus informes. Quien debe remitir el Programa de Estabilidad a Bruselas es el Ministerio de Economía, pero con información presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Fuentes cercanas al ministro Cristóbal Montoro expresaron ayer a elEconomista que no se ha podido remitir información a la Autoridad Fiscal en tiempo y forma, "porque se han estado negociando numerosos aspectos relativos a la disciplina fiscal casi hasta el último minuto".

Lo cierto es que fue el viernes cuando Montoro anunció un acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones sobre las cuentas públicas de este año; y también fue ese el día en el que se reunió con los consejeros de Hacienda de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y les transmitió que se celebrarán reuniones bilaterales con todas ellas para reconducir el déficit público. A día de hoy, por tanto, desde Hacienda, con su equipo en funciones, se siguen cuadrando cifras y diseñando escenarios de futuro.

El Ministerio de Economía y Competitividad, en manos de Luis de Guindos, declinó hacer comentarios "por el momento", pese al comunicado de AIReF.

Un desfase de 13.000 millones este año 

La Autoridad Fiscal estima en sus cálculos que el déficit público de este año se situará en torno al 4,1%, nueve décimas inferior al 5% del que ha informado el Ministerio de Hacienda para el conjunto del año 2015.

En cualquier caso, el organismo que preside José Luis Escrivá cree que si las Administraciones Públicas se comprometieran a cumplir la regla de gasto, el déficit finalmente bajaría este año al 3,7%, quedando muy cerca de cumplir el 3% que exige el Pacto de Estabilidad europeo.

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