El déficit de la Seguridad Social cerró el año pasado en el 1,72 por ciento del PIB, 17.000 millones, y solo el superávit de 4.000 millones en los fondos de los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) lograron rebajar esa cifra al 1,26 por ciento que el Ministerio de Hacienda pudo comunicar este pasado jueves. Sin ese sobrante, el agujero del sistema hubiera sido comparativamente mayor al de las comunidades autónomas.
La financiación extra para autonomías, de 7.462 millones, deja al Estado sin margen de reducción. El Banco de España alerta: el saldo negativo de 2016 será del 4,4%, lejos del 2,8% comprometido.
Tras varios años de intensa consolidación fiscal, la parálisis reformista, el desgobierno y el previsible desvío en el límite de déficit de 2015, de al menos tres décimas, podrían devolver a España a la lista negra de países con serios problemas de finanzas públicas. El agujero fiscal se reducirá como máximo un punto del PIB, unos 10.000 millones, y ello sucederá por la inercia del crecimiento, que incrementará la recaudación y reconducirá algo los números rojos.
El Ministerio de Hacienda "está estudiando aún" la petición de la Generalitat de Cataluña de reconvertir deuda a corto plazo en deuda a más de un año para que así encuentre cobijo en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así se lo confirmaron a elEconomista fuentes cercanas al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien el viernes pasado se reunió en Madrid con el ministro Cristóbal Montoro y solicitó permiso para reconvertir algo más de 1.600 millones de euros.
Los líderes políticos españoles abandonaron ayer sus contiendas habituales para reflejar unidad frente al acto terrorista que azotó Bélgica. Primero, a través de las palabras, con el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, pidiendo actuar "juntos" para frenar la amenaza terrorista. Y después, con hechos, por la reunión del Pacto Antiyihadista que en la tarde de ayer decidió mantener el nivel de alerta antiterrorista en el 4 -medio alto-, pero con un refuerzo de la seguridad en los aeropuertos por el periodo vacacional de Semana Santa.
Las comunidades autónomas abonaban facturas con una demora media de 41,05 días al terminar el mes de enero, según los datos que ayer mismo distribuyó el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se trata del retraso más leve en el pago a proveedores desde junio de 2015, y sitúa a estas Administraciones mucho más cerca del cumplimiento de la Ley de Morosidad, que establece que el abono de facturas debe efectuarse, como muy tarde, a 30 días.
La Seguridad Social se enfrenta en el futuro más inmediato a un déficit latente del 1,5% del PIB, 15.000 millones, si el próximo Gobierno no adopta medidas para mejorar los ingresos por cotizaciones o reforma las fuentes de financiación para pagar las pensiones.
El Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ideado por el Ministerio de Hacienda para aliviar las tensiones financieras de las comunidades autónomas y, de paso, ahorrarles el pago de intereses que les supondría emitir deuda en los mercados, socorrerá este año a más regiones que nunca. En concreto, serán 12 las que reciban dinero a través de este mecanismo, ya que Madrid y La Rioja, que incumplieron el límite de déficit del 0,7% impuesto por Hacienda para el año 2015, se estrenan en esta lista.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, recuperó ayer la iniciativa política y se dio un baño de multitudes en una convención organizada por el PP con el título de 5 Acuerdos: Crecimiento y Empleo.
La Comisión Europea mantiene, a día de hoy, en torno a 1.500 procedimientos de infracción abiertos contra España, cuarto país más cuestionado por la normativa jurídica europea por detrás de Grecia e Italia, con más de 2.000 procesos en curso, y de Francia, con algo más de 1.500.