El Ministerio de Hacienda "está estudiando aún" la petición de la Generalitat de Cataluña de reconvertir deuda a corto plazo en deuda a más de un año para que así encuentre cobijo en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Así se lo confirmaron a elEconomista fuentes cercanas al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien el viernes pasado se reunió en Madrid con el ministro Cristóbal Montoro y solicitó permiso para reconvertir algo más de 1.600 millones de euros.
Montoro garantizó tras ese encuentro que Hacienda no permitirá "impagos a corto plazo" en ningún caso, por lo que se mostró abierto a dar luz verde a la operación que solicita la Generalitat catalana -que, por otro lado, ha conseguido refinanciar por sí misma parte de esa cantidad-. Evitar un impago implica hacerse cargo de esa deuda si quien debe abonarla no puede hacerlo, y la única vía que existe para ello la propicia el FLA, que hasta ahora sólo cubre deudas autonómicas a más de un año.
Eso sí: Montoro no quiso dar más explicaciones sobre el caso de Cataluña y tampoco aclaró si dar luz verde a las intenciones de Junqueras significaba, de facto, un cambio en los criterios del FLA. Este periódico intentó conocer durante dos días la versión del Ministerio de Hacienda, pero a cierre de la edición no se había obtenido respuesta.
Dificultades financieras serias
La decisión del ministro, sin embargo, puede terminar costando muy cara. Cataluña no es, ni de lejos, la única comunidad con dificultades de tesorería. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, ya dejó claro en un informe del pasado mes de diciembre que la Generalitat Valenciana, al igual que su vecina catalana, sufre "riesgos muy elevados para la sostenibilidad financiera" por su "alto nivel de deuda de partida, la dinámica no decreciente de la misma y los riesgos potenciales de liquidez". Esto es, ambas regiones podrían caer en quiebra "en ausencia de los mecanismos de financiación del Estado".
Cataluña, con una deuda que supera los 72.000 millones, y la Generalitat Valenciana, con 41.000 millones, sólo están un poco peor que otras dos autonomías, Murcia y Extremadura. AIReF también puso el foco sobre ellas por las desviaciones sobre el objetivo de déficit que presentan (todas ellas habrían terminado 2015 con un desfase en torno al 2%, frente al 0,7 comprometido), aunque en su caso no llegó a hablar de insostenibilidad financiera. Pero sí fue el Gobierno quien reconoció "necesidades transitorias de tesorería" en las mismas cuando el pasado 26 de febrero dio luz verde en Consejo de Ministros a la posibilidad de que se financiaran a corto plazo.
Posible ola de peticiones
En definitiva, las tensiones de liquidez en las que se encuentran al menos estas cuatro regiones podrían provocar que, al igual que hiciera Cataluña el pasado viernes, solicitaran al Ministerio de Hacienda el permiso para reconvertir deuda a corto plazo en otra a largo plazo. De esa forma, sus vencimientos más urgentes serían atendidos por el FLA y se ahorrarían los enormes intereses que hoy por hoy deben abonar en los mercados y a las entidades financieras por refinanciar su pasivo. El Estado, mientras, sigue endeudándose a costes históricamente bajos e incluso negativos en tramos a corto plazo.
Por si fuera poco, el ministro de Hacienda en funciones también se mostró abierto con Oriol Junqueras a negociar una bajada de los intereses que cobra actualmente el FLA, un poco por encima del 0,8%. Ese hecho podría hacer que las regiones más asfixiadas redoblasen su presión sobre el Estado para obtener condiciones más ventajosas en los préstamos.
En esa situación, los algo más de 22.000 millones de euros con los que está dotado el FLA este año podrían quedarse cortos. Y ello sucede en un momento en el que Montoro se encuentra en funciones y se dibuja en el horizonte la posibilidad de unas nuevas elecciones en el mes de junio.
