La Seguridad Social se enfrenta en el futuro más inmediato a un déficit latente del 1,5% del PIB, 15.000 millones, si el próximo Gobierno no adopta medidas para mejorar los ingresos por cotizaciones o reforma las fuentes de financiación para pagar las pensiones.
Es lo que se deduce de la ejecución presupuestaria del organismo público, que en el conjunto del año habría ingresado algo menos de 125.000 millones, muy lejos de los 140.000 millones que había presupuestado el Ejecutivo, ahora en funciones.
Según los datos más recientes del Ministerio de Empleo, los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones, tasas, transferencias y otros se habían situado en 113.600 millones, muy lejos de cumplir objetivos. A un ritmo de ingresos de unos 10.200 millones mensuales, al término del año el organismo se habría situado por debajo de esos 125.000 millones.
De cualquier manera, la Administración Central contó en 2015 con un aliado inesperado a la hora de maquillar el más que previsible déficit: el Servicio Público de Empleo, SEPE, gastó 4.000 millones menos de lo previsto por el mejor comportamiento del empleo -se crearon más de 500.000 nuevos puestos de trabajo durante todo 2015-, y como la contabilidad de este organismo está incluida a efectos estadísticos en el capítulo de Seguridad Social, es previsible que el desfase presupuestario de esta última se haya situado finalmente en torno al 1% o 1,1% del PIB.
En 2016, con un gasto previsto en desempleo de 19.820 millones y muy ajustado a la realidad según la Comisión Europea y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIReF, ese déficit del 1,5% del PIB se reflejará sin piedad. El gasto en pensiones se incrementa este año más del 3,5% respecto a 2015, hasta los 135.446 millones, mientras que el avance de las cotizaciones sugiere mucha más moderación.
El año pasado, y también según los datos del Ministerio de Empleo, la recaudación por cotizaciones sociales había experimentado un tímido avance del 1,61% hasta noviembre respecto al año anterior, y todo ello con una tasa de crecimiento del PIB del 3%, por lo que resulta factible pensar que en 2016 los ingresos crecerán algo menos: el PIB subirá solo un 2,7% según la Comisión Europea. El Ejecutivo, algo más prudente que el año pasado, ha calculado unos ingresos de 140.946 millones de euros, sensiblemente superiores a los de 2015.
Las reformas pendientes
Pero 2016 podría ser el primero de muchos años de déficit si no se toman medidas. Consciente de la situación, el ministro Montoro ya lanzó el año pasado el debate de financiar las pensiones de viudedad y orfandad a través de vías alternativas. El PSOE, en parte, recogió el guante y también incluyó en programa electoral la necesidad de estudiar la cuestión, en línea con lo que había sugerido antes la propia AIReF.
Sin embargo, y pese a que los partidos se han comprometido a estudiar una reforma de las fuentes de financiación en el seno del Pacto de Toledo, la actual situación de bloqueo político no hace presagiar nada bueno. La reforma, además, deberá recabar un amplio consenso, más aún teniendo en cuenta el impacto sobre el bolsillo del contribuyente -empresa o particular-, que será quien en último término deba sufragar el coste de las pensiones.
Porque ni PP, ni PSOE, ni Podemos ni Ciudadanos parecen en disposición de aprobar una nueva norma de pensiones. Las dos últimas, acometidas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, no han logrado paliar el déficit de tesorería de la Seguridad Social.
Zapatero aprobó su polémica reforma en 2011, y fijó un alargamiento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años; elevó el número de años trabajados de 35 a 37 para cobrar íntegra la prestación; y aumentó el periodo de cómputo de 15 a 25 años. Una propuesta ambiciosa pero que por su gradualidad no ha logrado dar apenas frutos.
Mientras, Rajoy dio luz verde a otra reforma por la cual limitaba los incrementos salariales a pensionistas al IPC mas el 0,25% como máximo, lo que en la práctica facilitaba la contención del gasto en una partida que crecía sin freno. Pero el incremento en el número de pensiones, que ha crecido en medio millón hasta los 9,35 millones en solo cinco años, ha provocado que tampoco sea suficiente. Y eso que La Moncloa ha limitado al 0,25% las revalorizaciones durante cuatro años, decisión contra la que se ha rebelado la oposición parlamentaria de manera sistemática.
Frente a esa situación, la CEOE y el Círculo de Empresarios, que ha pedido "un sistema mixto de reparto y de capitalización obligatoria y voluntaria", han puesto el acento sobre la limitación que ofrecen las reformas "paramétricas" porque "se quedan cortas".
