Hechos: la Comisión Europea, enojada, advierte a España sobre las dificultades para embridar el déficit en las comunidades autónomas e insta al Gobierno a tomar medidas. Realidades: el Ministerio de Hacienda endurece el discurso contra el derroche de los Ejecutivos regionales pero se muestra dispuesto a estudiar la flexibilización de las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en los casos, al menos, de Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Más hechos: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, creada a instancias del Gobierno, recomienda al ministro Montoro un objetivo asimétrico de déficit para las comunidades porque el 0,7% lineal, marcado para el conjunto del año 2015, resulta a todas luces inviable. Realidades: el titular de Hacienda convoca en julio pasado su último Consejo de Política Fiscal y Financiera -¡el último, con la que está cayendo!- , desoye los consejos de los expertos; insiste en su 0,7% irrealizable; y espera que se cumpla por arte de magia, sin medidas adicionales de obligado cumplimiento y con la promesa de otros 7.400 millones de financiación para el año 2016.
Es el discurso del palo y la zanahoria, el mismo que Cristóbal Montoro ha mantenido a lo largo de la legislatura y que no ha servido para lo importante: despejar dudas sobre las finanzas regionales y enderezar las cuentas públicas. A vuelapluma: la cifra de déficit autonómico sólo se redujo con sustancia en 2012, el año en que parecía que el mundo iba a acabarse. Después, nada de nada. Del 1,8% de entonces al 1,66% de ahora, los últimos tres años solo han servido para las declaraciones rimbombantes sin sustancia.
Valentía con caducidad
De poco o nada sirve ahora que Montoro, en funciones, amenace con toda una batería de medidas coercitivas y/o sancionadoras. ¿Cómo es posible que el ministro elija precisamente este periodo para presionar a los Gobiernos autonómicos? ¿Acaso no sabía antes del 31 de marzo el tamaño del agujero que iba a reflejar esa esfera administrativa? ¿No llevaba la AIReF advirtiendo desde el pasado verano de que se avecinaba un problema mayúsculo? ¿No han sido sufientes una mayoría absoluta de 186 diputados y cuatro años de mandato para obtener logros mayores?
Parece que no. Montoro, el hombre que iba a meter en cintura al derrochador, representante de un Gobierno que hizo de la reducción del déficit público su bandera, ha terminado su ejercicio cometiendo el mismo pecado que el Ejecutivo predecesor. Ha amenazado públicamente mientras alimentaba en privado. Ha carecido de la valentía necesaria para poner coto al dispendio autonómico. Y ha dejado una pesada losa de 10.400 millones (el equivalente a haber incumplido el 4,2% prometido a Bruselas por casi un punto) que complicará la gobernabilidad en el futuro.
Salvando las distancias, pues el agujero que dejó Zapatero tornó a cráter con un PIB hundido y el desempleo escalando a ritmo desaforado, Hacienda ha cometido el mismo error que achacó al anterior Ejecutivo. Porque aunque el mayor desfase se acumule en las autonomías que ahora gobiernan los independentistas o el PSOE y Podemos, el responsable último de sus finanzas es el Estado, como así se lo dijo tantas veces el propio Montoro a la exministra Salgado en su momento.
Al ministro pareció acabársele el fuelle cuando ideó el FLA y se arriesgó a asumir que su creación podía dar a entender que las autonomías estaban quebradas. Instrumento útil para ahorrar intereses a los Gobiernos regionales, incapaces de acudir a los mercados por su propio pie, ha servido también para reducir el periodo de pago a proveedores. Sin embargo, su vigencia cuatro años después es la prueba fehaciente de un balance, el de Montoro, que va a quedar en entredicho.
Nadie dijo que fuera fácil su tarea, la del guardián de las finanzas en tiempos de revuelo político. Pero él aseguró que podía hacerlo y para ello recibió la confianza de once millones de españoles. Serán ellos quienes juzguen su obra.
