El déficit conjunto del Estado, las comunidades autónomas y el Sistema de la Seguridad Social se elevó al 1,11% del PIB en los dos primeros meses del año frente al 0,92% firmado en el mismo periodo del año anterior, unos 1.900 millones de euros, según los datos que ayer mismo distribuyó el Ministerio de Hacienda. Las tres esferas administrativas empeoraron sus registros, pese a que el Departamento que dirige en funciones el ministro Cristóbal Montoro justificó el deterioro en el menor superávit del Fondo de Garantía de Depósitos y del Servicio Público de Empleo SEPE; y el traspaso de casi 500 millones menos de anticipos a las regiones.
Pese a que dos meses son insuficientes para obtener conclusiones de carácter anual, el hecho de que el déficit fiscal aumente dos décimas en un lapso tan breve resulta llamativo. Y más si lo hace justo cuando España va a remitir a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad y demandar más margen con el desfase presupuestario, que el Ejecutivo en funciones pretende dejar en el 3,6% a finales de 2016. Las cifras publicadas ayer, con un agujero regional de 365 millones más que hace un año y una evolución más que preocupante de la Seguridad Social -ayer mismo, para más inri, el Ministerio de Empleo reconoció que la pensión media supera los 900 euros-, pueden provocar que la UE empiece a poner objeciones y obligue a adoptar medidas sociales amargas.
La cifra del 1,11% no incluye, además, las ayudas financieras de 239 millones. Con ellas, el déficit sería del 1,13%, 2.100 millones más que hace un año.
Extremadura ya incumple
No ha sido hasta el último día de marzo cuando Hacienda ha elevado la presión sobre las comunidades autónomas, que en los próximos días deberán concretar al Ejecutivo las áreas en las que aprobarán Acuerdos de No Disponibilidad que les lleven a respetar el límite de déficit del 0,7% para todo el año.
Aun así, y pese a que entonces no se habían apretado las tuercas, resulta más que llamativo el hecho de que a finales de febrero ya había una región que incumplía el límite de todo el año: Extremadura. La comunidad presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, apercibida también por sus demoras en el pago a proveedores (abona a más de 100 días), presenta un agujero del 0,7% y amenaza con desviarse con la misma fuerza que el año anterior (cuando terminó con un desvío del 2,7 %).
En total, seis regiones empeoran sus registros respecto a febrero de 2015, con Cataluña y la Comunidad Valenciana incluidas; y el número de administraciones con superávit se reduce de cinco a cuatro. Hacienda explicó que el pasado año "las CCAA recibieron anticipos a cuenta del sistema de financiación por importe de 895 millones", mientras que este año solo se han beneficiado de 381 millones hasta finales de febrero. Así, es previsible que la situación se corrija conforme avance el año: más aún cuando el Estado va a poner a disposición de las regiones una financiación adicional de 7.432 millones que se dedicará a enjugar el desfase de años anteriores.
Menor superávit en el Sepe
Y si la esfera regional ofrece quebraderos de cabeza ya desde principios de año, la Seguridad Social apunta a un déficit mayor que en 2015 casi desde principios de 2016. Y lo hace por las razones a las que se refirió recientemente la Autoridad Fiscal AIReF. Este año el Ejecutivo ha presupuestado correctamente el Servicio Público de Empleo y su superávit tiende a cero. A finales de febrero era de 180 millones de euros, frente a los 655 millones de un año antes.
De esa manera, el Sistema de la Seguridad Social redujo su saldo positivo al 0,12%, frente al 0,14% del año anterior.
El Estado, por su parte, empeoró por las transferencias del Fondo de Garantía de Depósitos, y hasta febrero elevó su déficit al 1,12% del PIB. Aún así, su buen registro de marzo, en el que redujo el desfase al 0,78%, ofrece esperanza de una mejora sustancial.
El Estado mejora el desfase un 18%
Los datos que distribuyó ayer el Ministerio de Hacienda arrojaron, pese a las sombras de las autonomías y de la Seguridad Social, una buena noticia: el déficit del Estado hasta marzo -los datos de esta Administración se conocen con mucha más celeridad que los del resto, por eso los relativos a comunidades son de febrero- se redujo un 18% respecto al año anterior.
En concreto, el desfase equivalió al 0,78% del PIB, cuatro décimas menos que un mes antes y dos décimas menos que en los dos primeros meses del año 2015. Ahora bien: el Gabinete de Cristóbal Montoro reconoce que el saldo mejora, además de por la menor remuneraciçón de asalariados, intereses devengados y consumos intermedios, "por las menores transferencias corrientes entre Administraciones Públicas". Después de revisar el objetivo de déficit de las autonomías (del 0,3 al 0,7%) el Estado debe cumplir este año con una meta del 2%, límite que la AIReF, ayer mismo, avaló como plausible.
