El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, capitaneado en funciones por Cristóbal Montoro, abonará 6.100 millones de euros a proveedores de las comunidades autónomas tan solo tres días antes de las elecciones que tendrán lugar el 26 de junio. La cantidad fue desbloqueada el miércoles por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que aprobó un montante total de 9.042 millones para financiar a las regiones a lo largo del tercer trimestre.
España tiene ahora menos margen que a finales de 2015 para cumplir el déficit del 3,6% que el Gobierno se autoimpuso en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas. La razón: el desvío presupuestario "siguió en el entorno del 5%" al término del primer trimestre, según esgrimen fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, adelantó ayer en El Ágora de elEconomista, organizado por este diario económico y EY, que su partido promoverá una rebaja lineal del IRPF en la segunda mitad de la legislatura, después de que los dos primeros años de la misma se centren en la reducción del déficit público.
El candidato a la Presidencia del Gobierno de Ciudadanos, Albert Rivera, apuesta por concentrar el esfuerzo presupuestario en los dos primeros años de la próxima legislatura para poder bajar impuestos en la segunda mitad.
España va camino de incumplir una mayoría de los compromisos adquiridos cuando suscribió la Estrategia Europa 2020, compendio de medidas que el equipo de la anterior Comisión Europea, a manos del portugués José Manuel Durao Barroso, promovió para garantizar el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad social, medioambiental y energética del continente.
Las comunidades autónomas han echado el cierre al 21,5% de sus entes públicos, cantidad que en breve aumentará hasta el 30% -casi un tercio- en un breve periodo de tiempo, ya que hay otras 191 compañías al borde de la extinción.
Los datos de déficit distribuidos ayer por el Ministerio de Hacienda arrojaron más sombras que luces. La peor noticia la reflejó el desvío del Estado, que se elevó hasta el 1,25% del PIB en abril, al borde de los 14.000 millones. Una cifra que supera en 1.460 millones al del mismo mes del año anterior y que puede poner en dificultades al Gobierno, que debe limitar el desfase de la Administración Central al 2,1% en todo el año.
La fallida legislatura, la repetición electoral y el nuevo esquema cuatripartito modifican sustancialmente las guerras del juego político y dibujan un escenario más favorable a la llamada gran coalición tras el 26J. Los indicios de esta hipotética cooperación entre PP y PSOE, paradójicamente favorecida por el empuje de Unidos Podemos, ya se dejan entrever en las declaraciones de los líderes políticos, que miran de reojo a unas encuestas que contemplan, por primera vez, la posibilidad de que los socialistas no sean la primera fuerza de izquierdas.
España va camino de su octavo año con Bruselas soplándole al cuello por su déficit excesivo. Y el problema es que tras las nuevas recomendaciones y proyecciones europeas todo apunta a que, junto a Grecia y a Francia, será el último país de toda la Unión en volver a cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y librarse de esa incómoda vigilancia.
El Estado se ha embolsado ya 840 millones gracias a las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria (AEAT) a contribuyentes que, a través del polémico Modelo 720, han declarado sus bienes y derechos en el exterior desde el año 2013. Según datos que desgranó ayer mismo el director general de la Agencia, Santiago Menéndez, esa cantidad se ha obtenido a través de 3.300 investigaciones. Además, otros 300 millones están en proceso de cobro.