España va camino de incumplir una mayoría de los compromisos adquiridos cuando suscribió la Estrategia Europa 2020, compendio de medidas que el equipo de la anterior Comisión Europea, a manos del portugués José Manuel Durao Barroso, promovió para garantizar el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad social, medioambiental y energética del continente.
Exclusión y paro son las dos materias en las que nuestro país falla -de momento- con sonoro estrépito. El número de personas en riesgo de pobreza se sitúa 2,5 millones por encima de lo comprometido; y el empleo para personas de 20 a 64 años, en el 62 por ciento, se encuentra a años luz del 75 por ciento que en su día firmó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
"Los últimos dos años han dejado a millones de personas sin empleo. Han generado una deuda que representará una carga durante muchos años y han ejercido nuevas presiones sobre nuestra cohesión social", recordó Durao Barroso cuando, en 2010, justo después de que prendiese la mecha de la crisis de deuda, lanzase su Estrategia Europa 2020.
"Se trata de crear más empleo y lograr una vida mejor. Europa es capaz de alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente, de encontrar el modo de crear nuevos puestos de trabajo y de ofrecer una orientación a nuestras sociedades", describió sobre los objetivos del programa al que los líderes europeos se sometieron. Unas palabras que bien podrían servir para la España de hoy, seis años después, con una recuperación aún por consolidar; una deuda que supera el 100,5 por ciento del PIB; una mejora insuficiente del mercado laboral; un volumen inversor en I+D de los más bajos de la UE; y graves problemas en materia educativa.
Paro y exclusión, ligados
La recuperación económica iniciada en el año 2014 ha limitado los efectos devastadores que sobre el empleo y la pobreza provocó la doble recesión que azotó a España desde 2008. Pero el camino transitado en dos años de intenso avance del PIB pone de manifiesto que cumplir con la Europa de 2020 será muy difícil.
Según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), 13,2 millones de personas en España vive en riesgo de exclusión social (el dato más reciente es de 2014). Nuestro país se había comprometido a rebajar esa cifra a 10,7 millones, por lo que la tasa, del 28,6 por ciento, debe reducirse al 23 por ciento. El Ministerio de Economía, en el Plan Nacional de Reformas remitido en abril a Bruselas, justifica la enorme cantidad en el hecho de que las estadísticas "aún no recogen el impacto positivo sobre este indicador de la recuperación del empleo" iniciada en 2014.
El año pasado se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero el paro sigue afectando casi al 21 por ciento de los activos, y la tasa de empleo -y ahora sí, con datos de finales de 2015- es del 62 por ciento entre las personas de entre 20 y 64 años. Trece puntos por debajo de lo que la UE definió como objetivo de futuro.
El Gobierno se muestra confiado en una mejora de los dos parámetros, y así será si la economía avanza a tasas del 2,7 por ciento este año y sucesivos. Sin embargo, la brecha con los objetivos es demasiado amplia como para que se cumplan. Rebajar casi un 20 por ciento el número de personas en riesgo de exclusión; y bajar el paro al entorno del 14 por ciento (horizonte según el cual los expertos determinan que la ocupación afectaría al 75 por ciento de los españoles de 20 a 64 años) parecen metas excesivamente ambiciosas para los cuatro años que restan hasta 2020, año en que deben cumplirse las metas.
Educación e I+D, retos
En materia de educación, nuestro país puede sacar ya pecho por cumplir una de las premisas de la Estrategia, pues cuenta ya con un 40,9 por ciento de jóvenes de 30 a 34 años con los estudios terciarios completos. Sin embargo, el abandono escolar temprano debe ser reducido a la mitad, el 10 por ciento, una brecha que no parece fácil suturar en una legislatura que se advierte más plural que nunca en democracia.
La I+D es el otro gran reto pendiente. La inversión en España asciende al 1,23 por ciento, muy lejos del 3 por ciento que pretende Europa y que, hoy por hoy, solo cumplen países del Norte de Europa como Suecia y Dinamarca. El Ejecutivo, en este sentido, destaca el aumento de la dotación presupuestaria de un 2,2 por ciento este año y muestra su compromiso con fomentar la inversión privada.
El ámbito energético y medioambiental es el único en que nuestro país parece en disposición de cumplir. Pese a que las emisiones de gases de efecto invernadero aún no se han reducido lo suficiente, la penetración de las renovables sí se sitúa cerca del objetivo del 20 por ciento, y el consumo de petróleo se ajusta ya a los parámetros exigidos por la Estrategia europea.
