Las comunidades autónomas han echado el cierre al 21,5% de sus entes públicos, cantidad que en breve aumentará hasta el 30% -casi un tercio- en un breve periodo de tiempo, ya que hay otras 191 compañías al borde de la extinción.
Así lo aseguró ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que aprovechó la distribución de estos datos para felicitar a las regiones por dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal celebrado en 2012, que impulsó la reordenación del sector público empresarial.
En total, las administraciones públicas autonómicas han extinguido 489 entidades, entre agencias, consorcios, fundaciones y otro tipo de organismos.
Otros 191, como señala Hacienda, están a punto de seguir el mismo camino. De esa manera, en pocas semanas el número de entidades dependientes de las regiones habrá quedado reducido a 1.575, cuando a 1 de enero de este año era de 1.784.
Baleares y Murcia, a la cabeza
Baleares y Murcia son las dos comunidades que más han recortado su sector público empresarial. La primera lo ha reducido un 54%, quedándose únicamente con 80 entidades de las 174 con las que contaba hace solo cuatro años. Murcia ha pasado de 90 a 54, un 40% menos.
En el ángulo contrario se sitúa Andalucía: el Gobierno socialista de Susana Díaz, alumna aventajada en materia de déficit, falla algo más en este ámbito y apenas ha disminuido su número de entes algo más del 9%.
A día de hoy, de hecho, Andalucía es tras Cataluña la que más empresas públicas aglutina. Estados dos comunidades superan con creces las 300. La Comunidad de Madrid, con 153, es a mucha distancia la tercera de la lista.
Menos carga para el Estado
La gran reducción del número de entes ha contribuido, además, a un desapalancamiento muy intenso. Si el sector público empresarial autonómico aglutinaba una deuda de 9.551 millones a finales de 2011, y ahora esa cantidad se ha reducido casi a la mitad -deben 4.997 millones-. Ese desendeudamiento contrasta con el de las compañías públicas dependientes de la Administración Central, que mantienen un pasivo superior a los 43.000 millones de euros desde hace cuatro años según datos del Banco de España.
