Hace poco, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto Ley, la transposición a la normativa española de la V Directiva Europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Directiva 2018/843). La nueva regulación se ha hecho esperar más de un año, a pesar de que la Comisión Europea requirió a España la tramitación con urgencia de las modificaciones legales oportunas introducidas por aquella.