Desde el año 2009 venimos hablando de un incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit pactados por Bruselas por parte de los gobiernos de PSOE y PP. Calculadora en mano, el desfase presupuestario a lo largo de los últimos siete ejercicios alcanza los 151.400 millones de euros, una cantidad que supone casi ocho veces el gasto previsto para este año en el pago de prestaciones por desempleo y que permitiría, además, al Ejecutivo pagar los más de 9,3 millones de pensiones durante un año y tres meses, aproximadamente.

La economía, como los mercados, se mueve también por expectativas, de ahí que exista temor a cómo puede digerir España un gobierno de PSOE con Podemos. Expertos consultados por elEconomista aseguran que el mero hecho de que esté planteándose esta posibilidad tiene un efecto claro en la inversión y genera incertidumbre empresarial que, alertan, acabará traduciéndose en más despidos y en un incremento de los ERE para evitar cualquier legislación laboral que pueda ser desfavorable para las compañías. Los dos casos supondrán un mazazo para la recaudación del IRPF. Sin embargo, no será el único tributo en verse afectado ante ese escenario.

A lo largo de esta semana está previsto que conozcamos la magnitud del agujero registrado en las cuentas públicas a lo largo del último año. Algunos organismos internacionales han venido advirtiendo las últimas semanas de que el déficit español podría cerrar 2015 en el entorno del 5% -frente al 4,2% comprometido con la Unión Europea-. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo confían en poder ajustarlo para ceñirse, en la medida de lo posible, al 4,5% anunciado por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, el pasado mes de febrero.

El sector turístico español afronta con notable optimismo esta Semana Santa. No es para menos, si tenemos en cuenta que las perspectivas oficiales auguran una ocupación media del 83% para el conjunto del país, lo que supone una mejora del 4,1% en relación al año anterior.

Aunque la agencia S&P no colocó la calificación crediticia de Cataluña en default selectivo, finalmente ayer aprobó una rebaja de un peldaño en el rating, hasta B+. El recorte, aunque es apenas un escalón, cualitativamente es relevante porque más que duplica las probabilidades de impago que S&P calcula para Cataluña. En teoría, el grado de incumplimiento de los bonos que cuentan con una nota similar a la catalana es del 44 por ciento. Con la calificación previa (BB-) era inferior al 20 por ciento.