Aunque la agencia S&P no colocó la calificación crediticia de Cataluña en default selectivo, finalmente ayer aprobó una rebaja de un peldaño en el rating, hasta B+. El recorte, aunque es apenas un escalón, cualitativamente es relevante porque más que duplica las probabilidades de impago que S&P calcula para Cataluña. En teoría, el grado de incumplimiento de los bonos que cuentan con una nota similar a la catalana es del 44 por ciento. Con la calificación previa (BB-) era inferior al 20 por ciento.
Las acciones de las agencias de calificación (Moody's y Fitch también están replanteándose su nota y por ahora mantienen ratings cuya probabilidad ímplicita de impago esmenor, en Ba2 y BB-, respectivamente), no están moderando los planes de gasto de la Generalitat. Mientras que pide respaldo por parte del Estado español -que cuajó ayer en la entrevista de Oriol Junqueras con Cristóbal Montoro-, pone en marcha iniciativas que impulsan el gasto público. Por ejemplo, ayer, la consellera de Educación, Meritxell Ruiz, anunció la contratación de 700 nuevos profesores en el próximo curso escolar.
La inacción no está pasando inadvertida en mercado, donde el coste de financiación de Cataluña sube ininterrumpidamente desde el martes pasado. Esto significa que si la Generalitat emitiera 1.000 millones de euros en deuda a 10 años hoy, tendría que pagar 45,5 millones de euros en intereses anuales, frente a los 29,3 millones de hace una semana. Esto se debe a que la rentabilidad del último bono a 10 años emitido por la Generalitat se ha disparado hasta el 4,55 por ciento en los últimos días, que son sus máximos en más de dos años.
Con el tipo de interés que aplica el FLA los intereses anuales que tendría que pagar Cataluña se reducen a 8 millones. Preguntado por la decisión de la agencia de rebajar la calificación de Cataluña a B+, el ministro Cristóbal Montoro, en funciones, quiso dejar claro que "ninguna tensión política va a justificar que haya un impago".
Esa opción, recalcó, sería muy negativa, no para Cataluña, sino para el conjunto de España. Tras su reunión con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, Montoro incidió en que el Gobierno va a evitar a toda costa que haya vencimientos de deuda no atentidos, con el objetivo claro de evitar la quiebra de la autonomía. En ese sentido, la Generalitat podrá emplear los anticipos para atender estos pagos, y en Hacienda se los facilitarán mes a mes, "siempre que se correspondan con necesidades reales".
Junqueras había asegurado previamente que existe un mismo criterio en los Gobiernos central y autonómico para que algunos créditos a corto plazo que venzan a la Generalitat pasen a refinanciarse a largo, algo que Montoro descartó.
Por último, el ministro destacó el compromiso expresado por el nuevo Gobierno de la Generalitat con la reducción del déficit público, algo que, según dijo, queda evidenciado en el hecho de que Cataluña ha solicitado adherirse al FLA y ha remitido el plan de ajuste exigido para ello. Junqueras volvió a solicitar al Ministerio que el interés por incorporarse a ese mecanismo pase a ser de nuevo del cero, algo que Montoro por ahora descartó.
Los escenarios de la calificadora
España mantendrá su apoyo a Cataluña
S&P explica en que el nuevo 'rating' tiene en cuenta que la autonomía continuará reduciendo el apoyo financiero del Estado español.
La tensión política va a continuar
La agencia mantiene la nota en perspectiva negativa porque anticipa que en los próximos 12 meses que las tensiones entre el gobierno central y la Generalitat seguirá.
El déficit también genera negatividad
Para que el 'rating' fuera estable, el 'govern' debería reducir su déficit, que es lo que prevé la calificadora.
Una liquidez menor "a la deseable"
El único factor positivo que S&P detecta en Cataluña es la fortaleza de la economía. La liquidez y la flexibilidad son negativas.
