Desde el año 2009 venimos hablando de un incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit pactados por Bruselas por parte de los gobiernos de PSOE y PP. Calculadora en mano, el desfase presupuestario a lo largo de los últimos siete ejercicios alcanza los 151.400 millones de euros, una cantidad que supone casi ocho veces el gasto previsto para este año en el pago de prestaciones por desempleo y que permitiría, además, al Ejecutivo pagar los más de 9,3 millones de pensiones durante un año y tres meses, aproximadamente.
Hasta la fecha, el mayor desvío sigue siendo el del año 2009, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cerró con un agujero equivalente al 11 por ciento del PIB (55.653 millones de euros), frente al límite de 5,8 por ciento establecido por las autoridades comunitarias. Entonces, la economía cayó al 3,6 por ciento en el acumulado del año -en lo que supuso para nuestro país la recesión más profunda desde la década de los setenta-. El desequilibrio no solo se registró porque los ingresos se resintieron a causa de la peor coyuntura económica, sino que además, los gastos se dispararon con iniciativas como la devolución de los 400 euros a 13 millones de contribuyentes (que costó 5.000 millones de euros) o el Plan E de obra pública, al que se destinaron 12.000 millones de euros.
A lo largo de esa legislatura, el Gobierno socialista solo estuvo a punto de cumplir el déficit pactado en 2010. Ese ejercicio el desvío fue mínimo, de apenas 920 millones, porque vino precedido de un tijeretazo al gasto sin precedentes, con la rebaja de sueldos a los funcionarios -de entre el 5 y el 15 por ciento- y su congelación el año siguiente, con la suspensión de la revalorización de las pensiones y con la eliminación del cheque bebé de 2.500 euros, entre otras medidas.
El adelanto electoral y la celebración de los comicios a finales del año 2012 trajo consigo un nuevo repunte del déficit. En este caso estuvo motivado por que el agujero dejado por el anterior Gobierno fue mayor de lo previsto y, fundamentalmente, por el rescate a la banca española (los 36.000 millones de euros con los que atajar el problema del sistema financiero español). Esto en un ejercicio en el que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció el mayor tijeretazo de la democracia, con subida del IRPF a todas las rentas, fondos de no disponibilidad a los ministerios, recorte de la inversión pública y, unos meses más adelante, subida del IVA y recortes en Sanidad y Educación.
El impacto electoral
Este mayor desfase confirmaba lo que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han venido advirtiendo a lo largo de los últimos meses: los periodos electorales acaban repercutiendo negativamente en las cuentas públicas y este hecho requiere un control más férreo por parte del Estado.
Ahora, el Ministerio de Hacienda emplea este mismo argumento a la hora de responsabilizar a las comunidades autónomas del desfase registrado en el último año. El problema es que el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy había convertido el control del déficit en bandera de su mandato desde que arrancó la actual legislatura.
