Hay que remontarse casi 80 años atrás para ver un primer semestre con menos nacimientos que el de este 2018: la cifra es la más baja en un primer semestre desde 1941, cuando comenzó la serie histórica. Por aquel entonces acababa de terminar la Guerra Civil y sus efectos aún se notaban (y se notarían unos años más). La España de ahora tiene poco o nada en común con ese país de la posguerra, con una excepción: la natalidad.

Vientos de cambio en la Junta de Andalucía. Tras 36 años de gobiernos socialistas, todo apunta a que habrá acuerdo entre PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, para dar un vuelco a la Junta. Susana Díaz se ha declarado vencedora de las elecciones de este 2 de diciembre en las que sin embargo el PSOE ha firmado su peor resultado en Andalucía hasta la fecha, un 27,95% de los votos que puede costarle una salida histórica del Gobierno. Con 33 escaños, 14 menos que en 2015, los socialistas se quedan muy lejos de poder gobernar por sí solos. No es suficiente ni siquiera con los 17 diputados de Adelante Andalucía para llegar entre los dos a los 55 que requiere la mayoría absoluta. Es Vox el contrapunto a la debacle de la izquierda. Su irrupción en el parlamento andaluz con 12 escaños ofrece la posibilidad de un gobierno de derechas: la suma de 59 parlamentarios junto con PP (26 escaños) y Ciudadanos (21).

Al margen de Cataluña (cuya vida política transcurre claramente por otros derroteros), Andalucía afronta las que se pueden considerar las primeras elecciones autonómicas postcrisis. Por primera vez en casi una década, se afrontan unas elecciones autonómicas sin que el yugo del déficit condicione los programas electorales, lo que ha llevado a que los partidos recuperen una de las más tradicionales batallas: la fiscal. Partido Popular y Ciudadanos, que ya arrancó al Partido Socialista la práctica desaparición del impuesto de Sucesiones, buscan la segunda plaza tras Susana Díaz con una dura competición en rebajas electorales. Por el contrario, el PSOE intenta mantener su ventaja y destacarse de Adelante Andalucía con su propia competición en medidas sociales que conllevan más gasto público y con alguna nueva deducción.

La cercanía de las elecciones (se celebrarán en 13 comunidades el 26 de mayo) ha llevado a los gobiernos autonómicos a tomar dos actitudes divergentes. Por un lado, están los que no han querido arriesgarse a pasar por un trámite presupuestario tortuoso y han decidido no iniciar los trámites, como es el caso de Castilla y León, Aragón o Castilla-La Mancha (tampoco lo han hecho Andalucía, inmersa en su propio proceso electoral ahora mismo, y Cataluña, cuyo gobierno ha declinado hacerlo por ahora). Y, por otro, están las comunidades que han decidido hacer de las cuentas de 2019 su primer objeto de la campaña electoral, con aumentos de gasto muy por encima de los años anteriores.

En lo que se refiere a gestión económica, el ciudadano de a pie suele considerar a las administraciones públicas como una especie de familia a lo grande, con muchos gastos que afrontar, pero también con muchos ingresos. Quizá por ello, se presupone a quienes gobiernan esas administraciones públicas una cierta racionalidad, mayor que la de la de una familia cualquiera. Pero, al menos en lo que se refiere a las previsiones de ingresos, esa racionalidad brilla por su ausencia porque siempre esperan una recaudación mayor que la que en realidad se produce. Y no una vez, sino año tras año.