Los programas marco que han presentado los grandes partidos para las elecciones del 24 de mayo se parecen mucho entre sí. Encierran cientos de expresiones gandilocuentes y poco concretas acerca de la lucha contra la corrupción, la mejora de la transparencia, el fomento del emprendimiento o la apuesta por una gestión orientada al ciudadano. Pocas palabras concretas que se traducen en unas cuantas medidas económicas.
Arranca la campaña electoral. En 16 días, más de 35 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en más de 8.000 municipios y 13 localidades. La información podría ser clave en un contexto como el actual, en el que el barómetro del CIS de ayer indicaba que la fuerza más votada en todos los Parlamentos autonómicos era la indecisión. La información podría ser clave si la hubiera.
España vuelve a las andadas, al menos en cuanto a creación de empleo se refiere. En abril, la cifra de afiliación volvía a superar los 17 millones de cotizantes después de casi tres años por debajo de este nivel. Y lo hacía gracias a tres de los sectores tradicionalmente más generadores de empleo: hostelería, construcción y empleo público suman 180.616 de los 227.544 puestos asalariados generados en 2015. Es decir, el 79,3% de los puestos creados proceden de estos tres sectores.
Las cifras incluidas en la actualización del Programa de Estabilidad (2015-2018) nada tienen que ver con las de años anteriores. La economía vuelve a crecer a las tasas previas a la crisis y el desempleo al fin parece cercano a bajar del 20% de la población activa. Además, la deuda pública, al menos según cree el Gobierno, no llegará al temido nivel del 100% del Producto Interior Bruto (PIB).
En el año 2008, más de 2,67 millones de españoles trabajaban en la construcción. Entonces, en el punto más álgido de la burbuja inmobiliaria, el 13% de los ocupados españoles tenían un empleo en el ladrillo. Hoy, con el sector iniciando una ligera remontada, la situación es muy diferente: Se han perdido más de millón y medio de puestos (la última Encuesta de Población Activa los cifra en 1,06 millones), apenas un 6,1% de la población ocupada.
El gasto en pensiones bate récords mes tras mes. Este mes de abril, pagar las nóminas de los pensionistas costó a las arcas públicas 8.201 millones de euros, lo que supone una subida del 3% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del Ministerio de Empleo. Esta cifra contrasta con la que se producía hace una década, cuando pagar a los pensionistas no llegaba ni a 5.000 millones de euros al mes.
Al contrario que el sector privado, el primer trimestre supuso un nuevo incremento en el empleo público. Al calor de la cercanía de las elecciones, las administraciones públicas generaron 1.900 puestos de trabajo, con lo que se alcanzaban los 2,927 millones de personas formando parte de alguna plantilla pública, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ayer publico el el INE.
Los cambios fiscales aplicados desde el 1 de enero han supuesto una merma en la recaudación de 132 millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria. El impuesto que más ha modificado sus ingresos ha sido el IRPF, que ha perdido 132 millones de recaudación sólo en los dos primeros meses del año, a pesar de la promesa de rebajar el déficit público.
El Banco de España dice que la deuda pública española cerró el ejercicio 2014 por encima del billón y medio de euros (1.525.656 millones de euros en concreto). Esta cifra incluye todas las cuantías que Bruselas descuenta de la cifra oficial, como la deuda de las empresas semipúblicas y otros ajustes. La cifra "sin maquillar" eleva en 491.799 millones de euros la cifra publicada hace un mes, que era de 1,033 billones (el 97,7% del PIB). Según las cifras correspondientes a febrero que el Banco de España ha publicado hoy, la deuda pública alcanzó los 5.279 millones de euros, el 98% del PIB.
Sólo dos comunidades autónomas, Canarias y País Vasco, lograron alcanzar sus previsiones de ingresos a lo largo del año 2014, mientras que las otras 15 sobrestimaron un año más su recaudación. De hecho, las dos que cumplieron sus objetivos también fueron dos de las cuatro autonomías que lograron cerrar el ejercicio 2014 con un déficit presupuestario menor al 1% del PIB exigido por Hacienda.