El Gobierno ha aprobado unas ayudas al alquiler para los menores de 35 años. El Ejecutivo ha destinado una partida de 200 millones de euros para este asunto. Los elegidos dispondrán de un cheque de 250 euros mensuales durante dos años, un total de 6.000 euros. Hacer llegar este bono a todos los ocupados menores de 35 años costaría 26.700 millones de euros. En España, hay 4.450.000 ocupados menores de 35 años.
Los Gobiernos de Irlanda y Estonia han anunciado que se suman al acuerdo fiscal internacional acordado en el marco de la OCDE para gravar con un 15% los beneficios de las multinacionales, según confirmó el ministro de Finanzas del país y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. El Irlandés aseguró que el su cambio de opinión responde a la decisión de finalmente suprimir del texto pactado la expresión "al menos" que abría la puerta a una tasa superior al 15%.
El panel de expertos perteneciente al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), coincide en que los concursos de acreedores están creciendo de manera exponencial y, además, se endurecen sus condiciones económicas.
Un nuevo Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la nueva Estrategia de Ciberseguridad europea, incluye, dentro de las pérdidas económicas derivadas de los ciberataques, a "la manipulación financiera, utilizando información empresarial sensible robada sobre posibles fusiones o conocimiento previo de informes de resultado de empresas cotizadas".
El Ejecutivo anunció un gasto público récord de 12.550 millones de euros destinado a la población joven. Este sector poblacional cuenta, por primera vez, con un capítulo propio dentro de los Presupuestos. El Gobierno divide la partida en becas (2.199 millones), Formación Profesional (2.000 millones), inserción laboral (7.060 millones) y el Bono alquiler Joven, dotado con 250 euros al mes, y el Bono Joven Cultural, dotado con 210 millones de euros. Este gasto se suma a otras partidas como la subida de las pensiones o el alza en el sueldo de los funcionarios, que Moncloa anunció esta misma semana.
Las filiales españolas son menos rentables que la media. Las sucursales generan menos beneficio por unidad vendida, un 6,1%, pese a ser muy productivas y vender más por empleado que el resto de sociedades del grupo. Así lo recoge el Informe País por País de la Agencia Tributaria, que apunta que las filiales tanto en el resto de la Unión Europea (UE) como en el exterior son más rentables y menos productivas que las españolas, incluso contando con plantillas medias inferiores.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado hoy la ilegalidad del régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero, tal y como adelantó elEconomista en 2018. El TJUE ha rechazado los recursos interpuestos por España y varias empresas contra la sentencia del Tribunal General europeo que tumbó este asunto. Según la Justicia europea, el régimen es una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior de la Unión Europea (UE).
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) recuerda que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades en 2018 fue, de forma global, igual al 22,60%, tal y como se recoge en su informe sobre Los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en España. En dicho documento se estudia la situación de la carga fiscal de las empresas, con base en los datos estadísticos tributarios recogidos en el Informe Anual de Recaudación de la AEAT correspondiente a 2019, así como la verdadera evolución de los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en las empresas españolas.
El Gobierno anunció que subirá el sueldo de los funcionarios un 2% el próximo ejercicio. El Gobierno de Sánchez acumula un aumento del 7,15% en el salario de los empleados públicos desde el año 2019. Según los cálculos de los sindicatos, esta nueva subida costará al presupuesto cerca de 3.000 millones de euros.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso de cuatro asociaciones de jueces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el conflicto colectivo que plantearon contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y 11 comunidades autónomas, al considerar que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de jueces y juezas a efectos de salud laboral.