El Ministerio de Justicia pondrá a un equipo de guardia a vigilar el correcto funcionamiento de la plataforma digital a través de la cual las micropymes podrán presentar su liquidación, tanto a final de año como a inicios de 2023, según informan fuentes cercanas a la Administración.
El Gobierno pondrá en marcha el próximo 1 de enero la plataforma digital para que las microempresas puedan presentar un procedimiento concursal, a pesar de los fallos que está dando su desarrollo. La nueva Ley 16/22 del 5 de septiembre que modifica la Ley concursal establece un procedimiento especial para las micropymes que entrará en vigor con el inicio del próximo año por el que se crea una aplicación (que en el ámbito jurídico asemejan al programa Padre para que cada particular pueda realizar la declaración de la renta) con la que el administrador de la microempresa podrá iniciar el procedimiento de concurso de forma electrónica y subiendo él mismo los documentos necesarios.
La nueva normativa en materia concursal trae importantes oportunidades para empresarios y fondos de inversión, pero, en lo referente a préstamos ICO, los expertos consideran que los requerimientos de la ley provocan una "situación compleja y de incertidumbre" que deberá gestionarse para asegurar la competitividad de las empresas españolas.
Durante la apertura de la primera edición de la jornada empresarial "La reestructuración empresarial que viene: el momento del capital privado", organizada por elEconomista, Raül Blanco Díaz, secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destacó la importancia de la colaboración público-privada en los procesos de reestructuración de empresas, especialmente tras aprobarse la nueva Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre.
Los magistrados mercantiles consideran que el procedimiento concursal para microempresas va a ser económicamente costoso para los empresarios con problemas de solvencia a pesar de la insistencia con que el texto de la nueva Ley Concursal insiste en que tal y como se ha diseñado, reducirá notablemente los costes fijos del sistema.
La mayor preocupación en el mundo empresarial se focaliza en pymes y autónomos por su menor margen de maniobra y por arrastrar aún, en muchos casos, dificultades sin resolver de la concatenación de crisis por la pandemia del Covid, con las tensiones de precios y ahora también los tipos, junto a la expiración en junio de las carencias en el repago del principal en créditos avalados por el ICO. A foto fija y conforme a datos del Banco de España, un 14,1% de toda la deuda corporativa tenía en 2021 detrás a negocios vulnerables. Según sus cálculos, una subida de tipos en 300 puntos básicos, elevará esa cuota al 21,9% al entrar más compañías en estrés y podría escalar al 23,4% si el BCE determina llevar los tipos al 4% para corregir la inflación.
Sí y no. Naturalmente, y como en cualquier ámbito de la actividad empresarial, en un concurso de acreedores pueden aparecer hechos delictivos, pero no tiene por qué ser así.
El fin de la moratoria impulsa el número de empresas en concurso. Así, agosto cerró con un incremento del 15,6% interanual.
La reforma concursal va a jubilar una vieja prerrogativa española de los dueños de empresas en dificultades porque capacitará a los jueces a imponer reestructuraciones instadas por los acreedores, aún en contra de su voluntad, si estima que es la solución para dar mayor viabilidad a la compañía y atender mejor sus deudas. "Ha sido una demanda histórica. En España ha habido una separación muy fuerte entre lo que es la deuda y lo que es la propiedad, el equity. No había visión desde el punto de vista económico de que todos son lo que se llaman stakeholders o grupos que tienen un interés económico en la compañía, algunos estructurados vía equity y otros vía deuda", explica el socio bancario y financiero de Squire Patton Boggs, Pablo Rodríguez Abelenda.
Luike, histórico editor de la prensa de motor en España, ha entrado en concurso de acreedores según consta en el portal Informa. El grupo editor Autofácil, EVO Magazine, Todo Terreno y Fórmula Moto lleva dos años consecutivos en números rojos, en 2021 las pérdidas alcanzaron los 369.723 euros, frente a los 12.841 euros de agujero que registró en 2020, en plena pandemia. De hecho, si se analizan los últimos cinco años únicamente ha generado beneficios en 2019 cuando ganó 226.506 euros.
Los inmuebles adquiridos a través de subasta judicial, en la fase de liquidación de los concursos de acreedores, tributan en el Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD)por el valor de referencia establecido por el Catastro y no por el precio fijado en la subasta, tal y como determina la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, en una consulta vinculante de 24 de junio de 2022.
Aunque las salidas dinerarias de las cuentas de la concursada carezcan de justificación, no considerarse que exista alzamiento de bienes si se reflejan en la contabilidad, aunque sea de forma incompleta, ya que el artículo 443.1 de la Ley Concursal (LC) dispone que en todo caso el concurso se calificará como culpable cuando el deudor se haya alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores, existiendo insolvencia, según determina el Juzgado de los Mercantil nº 8 de Barcelona, en sentencia de 2 de mayo de 2022.
Los administradores concursales descartan que se vaya a dar el tan temido colapso de los tribunales por una avalancha de presentación de procedimientos concursales en los juzgados por empresas en situación de insolvencia, pero viables.
En 2021 el número de concursos necesarios de empresas analizadas, según la fecha del auto de declaración, ha sido de 39, un 0,8% del total, y presumiblemente se trata de concursos solicitados previamente a la entrada en vigor de la primera moratoria concursal, que ayer finalizó, pero cuyo inicio se ha retrasado por causas extraordinarias, según la estadística anual publicada por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, con el asesoramiento científico de la UAB.
Hoy 30 de junio, finaliza la última prórroga aprobada por el Gobierno para la moratoria concursal, por lo que mañana, 1 de julio, comienza a correr el plazo de dos meses para que las empresas en situación de insolvencia presenten el concurso de acreedores, tal y como se establece en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).
La negativa del Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), de aprobar una ayuda de 249 millones de euros a Abengoa aboca a la ingeniería sevillana a su liquidación. Su presidente, Clemente Fernández, aún confía en salvar algunos de los negocios, pero sin el apoyo estatal las posibilidades se minimizan.
El próximo día 30 de junio concluye la moratoria concursal que ha eximido a las empresas con problemas de insolvencia de la obligación de presentar concurso de acreedores voluntario o la posibilidad de que pudiese hacerlo un acreedor.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado todo el apoyo del Gobierno a la resolución del conflicto en la empresa Siro, pero también ha reclamado la misma actitud por parte del Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco, "el gran ausente", ha recriminado.
Negros nubarrones sobre el futuro de Siro. Los trabajadores de la planta de Toro han rechazado los recortes salariales que exigía el consorcio inversor integrado por Davidson Kempner y Afendis Shein para hacer efectiva la toma de control de la compañía y garantizar su futuro. Con el rechazo del Plan de Competitividad, aumentan las dudas acerca de la viabilidad de la empresa a corto plazo, "aunque habrá que esperar a que se pronuncie el consorcio inversor" -que ha acordado adquirir el 75% del capital social de la compañía galletera- y conocer si renuncia definitivamente a la adquisición o plantea nuevas condiciones a los trabajadores.
Una de las marcas de vajillas de porcelana que aún sobreviven con su producción en España, la valenciana Porvasal, vuelve a ver su futuro amenazado. La sociedad Porcelanas del Mare Nostrum, dueña de la factoría y la marca, ha tenido que recurrir al concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a unos costes imparables cuando aún no se ha recuperado de la pandemia el que es su principal cliente, el sector hostelero y turístico.
La cadena de juguetes ToysRus ha solicitado este jueves entrar en concurso de acreedores con el objetivo de garantizar el futuro de la empresa y salvaguardar el máximo número de puestos de trabajo.
El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona ha adjudicado finalmente al fabricante de vidrio curvo Cricursa a Tvitec, que mantendrá en torno a los 130 empleos en sus unidades productivas.
La Ley de Segunda Oportunidad, que ofrece a los deudores -tanto los trabajadores autónomos como los particulares- la posibilidad de renegociar sus deudas e, incluso, librarse de parte de ellas, sufrirá varios cambios en esta primavera debido a la reforma de la Ley Concursal.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha concluido la elaboración de una Herramienta para alerta temprana de insolvencia que promueve la detección de las dificultades financieras por el deudor, para la toma de medidas oportunas, tratando así de evitar una insolvencia irreversible o el estado de insolvencia inminente.
Amaro González, un histórico grupo de alimentación de Alicante vinculado durante décadas al sector pesquero, ha visto como la pandemia ha supuesto la puntilla a su actividad, después de que la filial que mantenía su actividad de pesca en Panamá le originase pérdidas millonarias en los últimos años.
En apenas un mes y medio hará dos años desde que por la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19 se estableció la moratoria concursal. Es decir, la suspensión "temporal" del deber legal de solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores cuando estamos ante una situación de insolvencia.
El grupo valenciano dedicado a la transformación y distribución de pescado Euroasian Fish y que ha tenido tradicionalmente como principales clientes a grandes cadenas de distribución y supermercados, no ha podido evitar declararse en concurso después de que los efectos de la pandemia hayan impedido cumplir su plan de refinanciación.
El Gobierno se plantea poner fin a una de las medidas más importantes para combatir los efectos de la crisis del Covid en las empresas: las moratorias concursales, que permitían postergar la declaración en concurso de acreedores a sociedades con graves apuros financieros.
Una de las medidas más destacadas para combatir los efectos de la crisis del Covid en las empresas, las moratorias en los plazos que obligan a declararse en concurso de acreedores, tiene los días contados en la agenda del Gobierno. En concreto, fuentes del Ejecutivo revelan a elEconomista su expectativa de que, tras anunciar a finales del año pasado otra prórroga de esta medida, que la mantendrá en vigor hasta el próximo 30 de junio, no habrá más extensiones de este tipo.
La Directiva de Insolvencia no contiene previsiones específicas en materia de calificación del concurso, al considerar que se trata de una institución sin reflejo en el resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en los que se encuentra muy desarrollado el Derecho Penal de la insolvencia, con funciones similares a las de la calificación.
