El Gobierno ultima su ley concursal, que según fuentes conocedoras del borrador establecerá un procedimiento de segunda oportunidad para personas naturales que permita una exoneración de las deudas sin liquidación previa. Es decir, los ministerios de Economía y Justicia, principales han incluido en el texto que ciertos empresarios y emprendedores podrán librarse de las deudas y conservar su patrimonio personal.
El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha declarado la suspensión de las facultades del consejo de administración de Abengoa que solicitó la administración concursal de la sociedad, la firma Ernst & Young Abogados, que relevará al consejo en la administración de la empresa.
En España, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde los procedimientos concursales son utilizados como un instrumento muy útil para la reestructuración de las deudas, existe un temor reverencial por parte de los empresarios al concurso de acreedores, posiblemente por considerar que supone un fracaso empresarial. Estos buscan cualquier otra posibilidad alternativa, pero sin valorar en muchas ocasiones las consecuencias de la misma. Es por ello el motivo por el cual muchas empresas ya llegan tarde, totalmente agotadas, al concurso de acreedores y en la mayoría de los casos, no con la esperanza de salvar la empresa, sino la responsabilidad de su administrador. Lamentablemente, lo que sucede en demasiadas ocasiones, es que el empresario se hunde junto con su empresa.
Desde la declaración del estado de alarma son múltiples las diferentes medidas implementadas por el Gobierno para intentar ayudar a las empresas a sortear la crisis económica causada por la pandemia, entre ellas, la moratoria en el deber de solicitar concurso.
La pandemia ha causado daños severos en el tejido empresarial español. La caída de la facturación de los negocios más pequeños ha producido un aumento de las deudas de los autónomos, esto se ve reflejado en el increíble aumento de los procesos concursales en el colectivo.
La actual situación económica creada por la pandemia ha puesto en serias dificultades a gran parte del tejido empresarial en nuestro país. Como sabemos, nuestra legislación, la actual Ley Concursal, establece diversos mecanismos para la empresa alternativos al Concurso de Acreedores cuando la insolvencia existe ya o es inminente, de forma que posibilita que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores, o realice refinanciaciones. Todo ello para superar su situación de insolvencia, y con carácter previo a la situación de concurso.
En los casos en que se produce la sustitución del deudor concursado por la administración concursal en un litigio, la Ley Concursal (LC) permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.
La compañía de Servicios Grupo Norte ha comunicado este miércoles que ha solicitado la declaración de concurso voluntario de acreedores "en un intento de dar viabilidad a la empresa".
Reza el Preámbulo de la recientemente refundida Ley Concursal que el concurso de acreedores se "reivindica como una herramienta fundamental para la conservación del tejido empresarial y empleo". Con esta pretensión, el legislador aspira a configurar el procedimiento concursal como un mecanismo tendente a garantizar no solo la supervivencia de la empresa, sino también la de los vínculos laborales a ella anejos. A pesar de ello, lo cierto es que el concurso de acreedores sigue siendo una figura que genera incertidumbre en torno a las consecuencias laborales que de su declaración se derivan.
Es más que notoria la crisis sanitaria derivada en económica -y social- provocada por la aparición del COVID-19 que ha llevado a multitud de empresas de diferentes sectores a verse en situación de insolvencia y de pérdidas económicas.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó este martes que el próximo viernes se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario la prórroga vigente de la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores. Al término del consejo celebrado ayer, Montero explicó que el Ejecutivo ampliará la moratoria ya existente antes de que acabe el plazo, que expira este domingo 14 de marzo, de aquí la necesidad de un Consejo de Ministros este viernes. Así lo confirmó la ministra ante la pregunta de si lo prorrogará hasta el 31 de diciembre.
Si tuviésemos que participar en el concurso de Eurovisión para la economía, no cabe duda de que daríamos el cante pues nuestro país saldría inmortalizado como el que mayor caída económica ha sufrido, el de mayor incremento en la deuda pública, mayor déficit y mayor tasa de desempleo, un póker de ases en toda regla. Lo peor está por llegar cuando se abran las compuertas de la prohibición de despedir empleados en ERTE, de los concursos de acreedores y de la insolvencia empresarial, así como la finalización de ayudas a los autónomos, todo un tsunami que está por llegar y que comienza a mostrar señales de alerta desde hace tiempo, aunque algunos miren hacia otro lado.
En 2020, la hostelería y la construcción han sido los sectores en que más ha caído la creación de empresas, frente al aumento de constitución en la agricultura y comercio. No obstante, ya son cinco años seguidos en los que construcción y servicios inmobiliarios mantienen el 20% del total de sociedades de nueva creación, aunque han sido dos de los sectores, junto con la hostelería, que mayores retrocesos han sufrido.
La sección tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha declarado este viernes el concurso de Abengoa y ha acordado la suspensión cautelar de la junta general de accionistas convocada por AgengoaShares y que iba a tener lugar el 4 de marzo para relevar al actual consejo.
La crisis de Abengoa ha terminado por explotar en un concurso de acreedores que ya rozó en 2016 y que en estos cinco años ha esquivado gracias a una sucesión de reestructuraciones financieras y planes de negocio que el tiempo ha ido demostrando insuficientes para garantizar la salvación del grupo sevillano.
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración, y Administración Local, Juan Marín, ha argumentado este miércoles sobre el futuro de Abengoa tras presentar concurso voluntario de acreedores que "la solución es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) a corto y medio plazo" y ha recriminado la actitud del Gobierno de "tirar la pelota al tejado de la Junta", al tiempo que ha recordado que la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "fue consejera y no le dio solución".
Definir el año 2020 como un año disruptivo no es ninguna novedad. En Europa, la llegada en febrero de la forma más inesperada, de un tsunami oriental en forma de pandemia Covid-19, rompió todos nuestros esquemas, arrasó con vidas humanas y devastó la economía de gran parte del mundo. En España, la declaración del estado de alarma el 14 de marzo marcó el inicio de una nueva situación que exigiría mantener activados todos nuestros sentidos y desarrollar nuestro instinto de supervivencia en todos los ámbitos.
La solicitud de concurso de acreedores de la sociedad matriz de Abengoa, aunque esperada, ha sido toda una bomba informativa por cuanto el gigante de la ingeniería representa (o representaba) para la economía española. No hablamos de un concurso de acreedores más, sino de uno de los más importantes en la historia de la Ley Concursal en España, ya que estamos hablando de un desfase patrimonial de 388 millones de euros y una deuda vencida de más de 153 millones de euros. Sin embargo, la situación podría ser aún peor si finalmente se solicita el concurso para el resto de sociedades del grupo, en las que se estima que el pasivo puede llegar a alcanzar los 6.000 millones de euros.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que el Gobierno de España ha hecho "sus deberes y tareas" para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa y ha asegurado que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen "que explicar por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso" que ha llevado a la compañía a solicitar el concurso voluntario de acreedores.
La sindicatura de accionistas minoritarios AbengoaShares ha urgido al Gobierno a que negocie con el nuevo consejo de administración que surja de la junta de accionistas que forzaron y que tendrá lugar el 4 de marzo para relevar al actual consejo.
Cinco años y medio después de estallar su crisis, Abengoa ha terminado por sucumbir a su abultado endeudamiento y este lunes solicitó el concurso de acreedores voluntario. Protagoniza así el segundo mayor concurso de España, con una deuda cercana a los 6.000 millones de euros (al cierre de 2019 se situaba en 5.989,7 millones), sólo por detrás del de Martinsa Fadesa, que sumó un pasivo de casi 7.200 millones.
Abengoa declara un concurso de acreedores que será histórico en la historia empresarial española (en concreto, el segundo de mayor tamaño). Es cierto que la ingeniería andaluza ha evitado la quiebra en varias ocasiones pero ahora se dieron circunstancias mucho más negativas que en el pasado.
La figura del pre-pack concursal está muy extendida en la práctica anglosajona, pero sigue siendo desconocida en nuestro ordenamiento hasta ahora.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha puesto en marcha un Comité Independiente con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas publicado el pasado marzo.
Cuando las dificultades económicas de una empresa ponen en riesgo la continuidad del negocio por el nivel de endeudamiento acumulado y/o la reducción de la facturación, es preciso conocer cuanto antes las opciones legales disponibles para proteger al administrador y procurar evitar el cierre definitivo de la compañía. He aquí una guía para resolver las dudas más frecuentes:
La aerolínea low cost Norwegian Air Shuttle ha iniciado ha solicitado el concurso de acreedores en Noruega con el objetivo de que la Justicia del país nórdico le conceda la protección especial que otorga la legislación y así poder hacer frente a la reestructuración necesaria para atajar sus problemas financieros.
En la actual situación de crisis económica, muchos empresarios se resisten a pronunciar las tres temidas palabras: concurso de acreedores. La nueva moratoria aprobada por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 34/20201 retrasa hasta marzo de 2021 la obligación de declararse en concurso de manera voluntaria. Estas nuevas medidas van a fomentar que muchos empresarios asuman, de forma errónea, que cuanto más tarde se declare la insolvencia, mejor. Pero nada más lejos de la realidad.
Los clientes afectados por el cierre de Dentix tienen una nueva fecha que apuntar en el calendario de la batalla judicial en la que se han visto inmersos. El 25 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid declaró el concurso de acreedores voluntario que la empresa solicitó en octubre y ahora se ha designado un nuevo administrador concursal al que los pacientes deberán acudir para tramitar la devolución de los importes o la paralización de los créditos solicitados para costear los tratamientos inacabados.
Es fama que durante la Recesión 2008/2014 el Ministerio de Economía imprimió premura a las reformas legales necesarias para introducir instrumentos de refinanciación, venciendo la parsimonia del Ministerio de Justicia. Al inicio de la crisis, las grandes empresas viables que, sin embargo, se encontraran en situación crediticia delicada y las propias entidades financieras viajaban a Londres para, haciendo uso de la libertad de elección de foro y legislación aplicable, someterse al scheme of arrangement británico (Companies Act 2006). El legislador español tomó nota de esa circunstancia y consideró, acertadamente, que esta solución de acuerdo de refinanciación podría evitar concursos en España, de forma que la importó a través del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo y, como resultara insuficiente, por la Ley 38/2011, de 10 de octubre.
Más de la mitad (52,3%) de los auditores especializados en la administración de procesos concursales consideran que es negativo retrasar la declaración de concurso, medida adoptada por el Gobierno para combatir la insolvencia producida por la pandemia del Covid-19.
