La Directiva de Insolvencia no contiene previsiones específicas en materia de calificación del concurso, al considerar que se trata de una institución sin reflejo en el resto de ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, en los que se encuentra muy desarrollado el Derecho Penal de la insolvencia, con funciones similares a las de la calificación.
El proyecto de reforma de la Ley Concursal regula los efectos de la comunicación sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.
Los magistrados de la jurisdicción Mercantil se preparan para afrontar las novedades que introduce la reforma concursal y los procesos de segunda oportunidad de personas físicas. Estos magistrados justifican la salida de los juzgados de Instancia del ámbito concursal al considerar que la práctica ha demostrado que no están preparados para tramitar esos procedimientos.
La comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración persigue que el deudor pueda disfrutar de una paralización o suspensión temporal de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, sobre los bienes necesarios para continuar con su actividad empresarial, con el fin de facilitar las negociaciones de ese plan de reestructuración.
La Directiva que se transpone a través del proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal exige la designación obligatoria de este experto en determinados supuestos, fuera de los cuales tampoco en la norma de transposición es necesario el nombramiento, salvo que el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite.
El texto del Anteproyecto de Ley de reforma concursal se refiere en diversas ocasiones al Reglamento de la administración concursal, que después de años de espera, aún continúa sin ser aprobado, con gran disgusto de los profesionales de esta complicada actividad, entre otras cosas porque establece los aranceles a percibir por sus servicios, el nivel de preparación, los requisitos a cumplir para participar en los grandes concursos de empresas cotizadas, la forma de designación o el sistema de acceso a la titulación.
Cuando el deudor insolvente es una persona física, el concurso pretende identificar a los deudores de buena fe y ofrecerles una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho que les permita beneficiarse de una segunda oportunidad, evitando su paso a la economía sumergida o a una situación de marginalidad.
El Proyecto de Ley de reforma concursal incluye dos modalidades de exoneración de la deuda: exoneración con liquidación de la masa activa y con plan de pagos.
La exoneración de las deudas del empresario, acogiéndose a un plan de pagos puede convertirse en una solución que evite la reclamación por los deudores de su responsabilidad penal, lo que puede terminar con una condena de prisión.
El Proyecto de reforma de la Ley Concursal, aprobada por el Consejo de Ministros, introduce nuevas situaciones empresariales para poder acogerse al preconcurso .
El fondo estadounidense Terramar persiste en su interés en Abengoa y ha reformulado su oferta dando un plazo para su aceptación hasta el próximo 31 de diciembre. La compañía andaluza, en concurso de acreedores desde febrero de este año, ha informado de que pedirá permiso a sus acreedores para aceptar la oferta vinculante presentada por la firma americana, que busca hacerse con el control de la filial operativa, Abenewco 1. No obstante, el grupo que ahora preside Clemente Fernández mantiene la puerta abierta a recibir otras propuestas. De hecho, el presidente ha señalado en las últimas semanas la existencia de interés por parte de empresas españolas.
España acabará el año en la primera posición a nivel mundial en cuanto al crecimiento de insolvencias en 2021, con un alza del 24% respecto al año 2019, mientras que para 2022 se estima un 26% de crecimiento, según las previsiones presentadas hoy por el Consejo General de Economistas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda al Gobierno que en la reforma de la Ley Concursal incluya en los procedimientos de exoneración del pasivo insatisfecho (segunda oportunidad) las sanciones firmes por infracciones de competencia no formen parte del pasivo insatisfecho que podrá exonerarse al deudor, y ello por incumplimiento de la buena fe de este.
Un laudo arbitral carece de efecto de cosa juzgada negativa sobre la demanda judicial planteada contra una sociedad que actúa como deudor solidario de una concursada por una operación de escisión, según establece el Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de octubre de 2021.
La empresa New Millennium Sports, distribuidora en España de la marca Kelme y sucesora de la sociedad creada en su día por los hermanos Quiles, ha solicitado el concurso voluntario de acreedores al juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, para hacer frente a un antiguo litigio por un contrato de licencia, según han informado fuentes oficiales de la firma a Europa Press.
La consulta de los Gestores Administrativos ha querido conocer el impacto que puede tener la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los resultados indican que 140.000 PYMES se verán obligadas a despedir a algún empleado como consecuencia de la subida. El 42% de los negocios se están viendo muy perjudicados por la subida del precio de la energía. El 65% de las PYMES se están sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de energía, inflación, SMI y materias primas.
Con el final del verano son muchos los empresarios que cada vez ven más próxima la llegada del mes de diciembre y con ello el fin de la moratoria concursal y se preguntan cómo deben proceder una vez se cierre el paraguas que les protegía del deber de solicitar el concurso de acreedores de encontrarse en situación de insolvencia. La verdad es que a tenor de la efervescencia legislativa no debe resultar nada fácil a un ajeno a la materia saber cómo actuar.
Debido a la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, los autónomos han encontrado muchas dificultades para sacar adelante sus negocios. Los casos más graves son los de los profesionales que no han podido seguir ahogados por las deudas. Pero para algunas de estas personas todavía podría haber un último clavo ardiendo.
La fuerte destrucción de empresas experimentada en el útimo año y medio de pandemia tiene algunas características muy reconocibles: afecta más a las empresas pequeñas microempresas de menos de 10 trabajadores y los Servicios son el sector más afectado acumulando un 99,3% del total del tejido productivo desaparecido. En este sentido, si vamos al detalle de las áreas de actividad, según los últimos datos de Cepyme, el 63,4% de las 44.640 empresas destruidas entre el mes de enero y julio de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, corresponden al Comercio y la Hostelería.
El Ministerio de Justicia permitirá que los juzgados mercantiles se especialicen sólo en concursos de acreedores. Este cambio tiene gran importancia para que sea exitosa la reforma proyectada en dichos concursos.
La reforma concursal diseña el procedimiento para agilizarlo y reducir su duración, con medidas como la sustitución de la junta de acreedores por una tramitación escrita en el convenio. De esta forma, se establece un régimen de aprobación muy parecido al previsto para los acuerdos de reestructuración.
El BOE publicó una resolución de 3 de agosto de 2021, por la que se informa del acuerdo celebrado entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Justicia con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España por el que se suscribe un convenio para el suministro de datos de inscripciones de actos jurídicos de naturaleza preconcursal y concursal, con objeto de colaborar en el proyecto llamado Evaluación de la efectividad de las medidas preconcursales en España.
El carácter opcional para los acreedores del nombramiento de un administrador concursal, es una de las grandes novedades de la reforma concursal planteada por el Gobierno, por lo que en estos casos, es el deudor quien deberá proceder a liquidar la masa activa, si olvidar que la omisión deliberada de créditos, incluidos los litigiosos, así como la inclusión de créditos no reales reciben una severa sanción en el marco del sistema creado por el procedimiento especial.
El Gobierno ultima su ley concursal, que según fuentes conocedoras del borrador establecerá un procedimiento de segunda oportunidad para personas naturales que permita una exoneración de las deudas sin liquidación previa. Es decir, los ministerios de Economía y Justicia, principales han incluido en el texto que ciertos empresarios y emprendedores podrán librarse de las deudas y conservar su patrimonio personal.
El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha declarado la suspensión de las facultades del consejo de administración de Abengoa que solicitó la administración concursal de la sociedad, la firma Ernst & Young Abogados, que relevará al consejo en la administración de la empresa.
En España, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los países de la Unión Europea, donde los procedimientos concursales son utilizados como un instrumento muy útil para la reestructuración de las deudas, existe un temor reverencial por parte de los empresarios al concurso de acreedores, posiblemente por considerar que supone un fracaso empresarial. Estos buscan cualquier otra posibilidad alternativa, pero sin valorar en muchas ocasiones las consecuencias de la misma. Es por ello el motivo por el cual muchas empresas ya llegan tarde, totalmente agotadas, al concurso de acreedores y en la mayoría de los casos, no con la esperanza de salvar la empresa, sino la responsabilidad de su administrador. Lamentablemente, lo que sucede en demasiadas ocasiones, es que el empresario se hunde junto con su empresa.
Desde la declaración del estado de alarma son múltiples las diferentes medidas implementadas por el Gobierno para intentar ayudar a las empresas a sortear la crisis económica causada por la pandemia, entre ellas, la moratoria en el deber de solicitar concurso.
La pandemia ha causado daños severos en el tejido empresarial español. La caída de la facturación de los negocios más pequeños ha producido un aumento de las deudas de los autónomos, esto se ve reflejado en el increíble aumento de los procesos concursales en el colectivo.
La actual situación económica creada por la pandemia ha puesto en serias dificultades a gran parte del tejido empresarial en nuestro país. Como sabemos, nuestra legislación, la actual Ley Concursal, establece diversos mecanismos para la empresa alternativos al Concurso de Acreedores cuando la insolvencia existe ya o es inminente, de forma que posibilita que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores, o realice refinanciaciones. Todo ello para superar su situación de insolvencia, y con carácter previo a la situación de concurso.
En los casos en que se produce la sustitución del deudor concursado por la administración concursal en un litigio, la Ley Concursal (LC) permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.