Economía

Alcanzar a todos los jóvenes con el 'bono alquiler' cuesta 26.700 millones

Hacienda tendrá que restringirlo para cumplir el Presupuesto
En España hay 4.450.000 ocupados menores de 35 años
El bono de 250 euros no estará limitado por el precio de la renta

Madrid

7:00 - 9/10/2021

El Gobierno ha aprobado unas ayudas al alquiler para los menores de 35 años. El Ejecutivo ha destinado una partida de 200 millones de euros para este asunto. Los elegidos dispondrán de un cheque de 250 euros mensuales durante dos años, un total de 6.000 euros. Hacer llegar este bono a todos los ocupados menores de 35 años costaría 26.700 millones de euros. En España, hay 4.450.000 ocupados menores de 35 años.

El Gobierno tendrá que restringir esta medida para cumplir con el Presupuesto. Según las cifras del propio Ejecutivo, esta ayuda llegará solo a unos 50.000 jóvenes. En cualquier caso, el Gobierno precisó ayer que las características concretas de la ayuda están por decidir aún.

Moncloa asegura que el bono joven de 250 euros para sufragar parte del coste del alquiler de vivienda no estará limitado por el alquiler mensual que paguen los jóvenes, y precisa que los 600 euros que mencionó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, hacen referencia a las ayudas máximas contempladas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda. Las mismas fuentes añadieron, además, que estas ayudas se pueden incrementar hasta los 900 euros mensuales en ciertas circunstancias concretas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que este bono joven se destinará a jóvenes de entre 18 y 35 con trabajo que no perciban un salario anual superior a los 23.725 euros, tres veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Este sector de la población tiene un salario medio muy inferior a esa cifra.

"Va dirigido a jóvenes que estén en un dintel de salarios del Iprem vulnerable, con una ayuda mensual en torno a esos 250 euros y será objeto de desarrollo de una reglamentación posterior cuando se presente", expresó Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este jueves en el que el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, donde se incluye dicho bono con una partida de 200 millones de euros.

Esta medida se dirige a jóvenes de entre 18 y 35 años a los que sus salarios "precarios", en palabras del Gobierno, no les permiten acceder al alquiler, sobre todo en zonas tensionadas y grandes ciudades. Además, Montero precisó que también se plantean elementos para que la existencia de esta ayuda "no provoque el efecto indirecto y genere un aumento de los alquileres".

Ley de Vivienda

Además de este apoyo para los jóvenes, el Ejecutivo prepara también una Ley de Vivienda, de la que todavía se conocen pocos detalles, a la espera de que se presente el texto final. Desde el Gobierno han insistido en que se trata de un avance para convertir la vivienda en "un derecho de los ciudadanos y, sobre todo, de los jóvenes".

"No sabemos cuándo vendrá. Va a ser muy rápido, se lleva trabajando mucho tiempo, pero el Consejo de Ministros no le ha puesto fecha. Se conocen dos o tres cuestiones residuales, pero lo importante son las medidas", ha dicho Montero en la rueda de prensa.

La ministra se ha referido a la futura normativa como "una ley preciosa" y ha criticado a los que se declaran "insumisos con leyes que no conocen". Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que llevará esta medida al Tribunal Constitucional, mientras que el alcalde de Madrid, el también popular José Luis Martínez Almeida, ha comentado que no aplicará las medidas.

La negativa de Almeida, así como de cualquier otro municipio o comunidad autónoma que quiera hacerlo, será posible gracias a que la Ley de Vivienda delegará varias competencias en las autoridades locales.

En este sentido, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que "se va a respetar la autonomía" y se va a "velar por las competencias" autonómicas y locales, pero indicó que, a pesar de ello, espera que sean "pocas" las comunidades autónomas que se opongan a su aplicación y ha señalado que quienes lo hagan, tendrán que responder ante sus ciudadanos.

"Es la primera ley de carácter estatal en nuestro país que viene a regular un derecho constitucional", ha añadido la portavoz. Al igual que Montero, Rodríguez se ha mostrado "sorprendida" por el cuestionamiento de esta futura ley por parte de la oposición y por la intención de llevar el asunto al Tribunal Constitucional "con carácter preventivo".