La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha hoy una gran operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en las 15 comunidades autónomas de régimen común. ¿Pero qué se investiga exactamente? Entre otras cosas Hacienda va tras la pista de varios locales en los que no se permitía el pago con tarjeta bancaria para cantidades de dinero tan grandes a favor del efectivo o las transferencias, operaciones mucho menos controlables. Además, llama bastante la atención que sociedades con pérdidas tengan sin embargo socios con un gran poder adquisitivo.
"Los criterios que la Agencia Tributaria utiliza para apreciar indicios de responsabilidad criminal en la actuación del asesor fiscal no se ajustan plenamente a las directrices que los tribunales han ido fijando", asegura José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). Alemany advierte de la falta de criterios claros y homogéneos sobre la acción penal, tanto frente al contribuyente como frente a su asesor fiscal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha abierto la puerta a la revisión de un asunto que podría dar lugar a la anulación masiva de expedientes abiertos por la Inspección, basado en la exigencia de que Hacienda separe los procedimientos inspector y sancionador, cosa que no hace la Inspección de la Agencia Tributaria.
Las medidas que tome el próximo Ejecutivo saliente de las elecciones del 10-N en el campo de la política fiscal serán cruciales para el desarrollo de la competitividad de la economía española en el entorno internacional. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del Índice de Competitividad Fiscal 2019 publicado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que muestra como la presión fiscal normativa en España es un 8% superior a la media de la Unión Europea.
"Los peritos que asesoran a los jueces en los procesos por delito fiscal algunas veces son los mismos inspectores de Hacienda que instruyen los procedimientos de inspección, aunque lo tiene expresamente prohibido por el Tribunal Supremo (TS), y la Audiencia Nacional (AN), por ello, los afectados están recurriendo estos procedimientos para que se anulen la pruebas", ha denunciado el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany.
Los magistrados que dirigen los concursos de acreedores consideran que el Reglamento de la Administración Concursal es una urgencia para el sistema. Así, lo asegura Antonio Fuentes Bujalance, magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba, que actúa como director académico del II Congreso Nacional del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), que se celebrará en Aranjuez Madrid, los días 3 y 4 de octubre, con la participación de una veintena de jueces concursales como ponentes.
Las Comunidades Autónomas tardan dos años en percibir los beneficios de una subida de tipos de la tarifa autonómica, aunque tienen la capacidad regulatoria para hacerlo sobre el 50 por ciento de la tarifa global. Por el contrario, cuando el Estado eleva tipos, las retenciones tardan tan solo unas semanas en adecuarse, con lo que los beneficios en los tipos son prácticamente automáticos.
Madrid, 23 sep (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha prorrogado hoy hasta el 23 de marzo de 2021 la investigación sobre la procedencia de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola que se inició en 2013 con la imputación de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.
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