Nueva York
La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se apunta un tanto importante. Un total de 130 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del PIB mundial y donde se incluye a los miembros del G-20, avalaron el jueves la Declaración que establece un nuevo marco para reformar el marco fiscal internacional, donde se incluye la implantación de un impuesto mínimo global a las multinacionales.
"En Estados Unidos este acuerdo garantizará que las empresas asuman una parte justa de impuestos", dijo en un comunicado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Según concretó a partir de ahora existe la oportunidad de construir un sistema fiscal global y nacional que permita a los trabajadores y empresas estadounidenses "competir y ganar en la economía mundial".
El plan, que se postula como la transformación tributaria a nivel global más disruptiva del último siglo, cuenta también con el apoyo de China e India, gigantes emergentes que anteriormente tenían reservas sobre la propuesta. Los elementos restantes del marco, incluido el plan de aplicación, se ultimarán en octubre.
En este sentido, el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo desde Washington que aunque todavía quedan detalles por concretar, el acuerdo supone un "progreso colosal" y permitirá a los países aumentar la inversión en infraestructuras y en la lucha contra el cambio climático.
El paquete de dos pilares -resultado de las negociaciones coordinadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante gran parte de la última década- tiene como objetivo garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos allí donde operan y obtienen beneficios, al tiempo que añaden la tan necesaria seguridad y estabilidad al sistema fiscal internacional. Este organismo calcula que los gobiernos pierden cada año entre 100.000 y 240.000 millones de dólares por la evasión fiscal.
Dos pilares
El primer pilar garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las mayores empresas multinacionales, incluidas las empresas digitales. Reasignará algunos derechos fiscales sobre las empresas multinacionales desde sus países de origen a los mercados en los que tienen actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de que las empresas tengan o no presencia física en ellos.
De esta forma se espera que los derechos fiscales sobre más de 100.000 millones de dólares de beneficios se reasignen anualmente a las distintas jurisdicciones.
El segundo pilar pretende poner un límite a la competencia sobre el impuesto de sociedades, mediante la introducción de un tipo mínimo global del impuesto de sociedades que los países puedan utilizar para proteger sus bases imponibles.
Es por ello que los gobiernos, donde se incluye España, tratarán ahora de aprobar leyes que garanticen que las empresas con sede en sus países paguen un tipo impositivo mínimo de al menos el 15% en cada una de las naciones en las que operan, reduciendo así las oportunidades de evasión fiscal. Esta medida generará unos 150.000 millones de dólares anuales de ingresos fiscales adicionales a nivel mundial.
Mathias Cormann: "Este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo"
También se obtendrán beneficios adicionales gracias a la estabilización del sistema fiscal internacional y a la mayor seguridad fiscal para los contribuyentes y las administraciones tributarias.
"Tras años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo", aseguró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien explicó que aunque no se elimina la competencia fiscal se establecen limitaciones acordadas multilateralmente sobre ella.
Los participantes en la negociación han establecido un ambicioso calendario para la conclusión de la misma. De esta forma se espera que en octubre de este año se finalice el trabajo técnico restante sobre el enfoque de los dos pilares, así como un plan para su aplicación efectiva en 2023.
Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre, únicos socios de la UE que no firman el pacto
Los gobiernos de Irlanda, Hungría, Estonia y Chipre se han desmarcado del acuerdo alcanzado este jueves en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar el sistema fiscal internacional e introducir un tipo mínimo de al menos el 15%, que sí ha sido apoyado por el resto de países de la Unión Europea.
La declaración sobre fiscalidad ha sido firmada por un total de 130 países del mundo, que representan el 90% del producto interior bruto (PIB) a nivel mundial y entre los que se encuentran los otros 23 socios comunitarios.
Además de las cuatro grandes potencias del bloque (Alemania, Francia, Italia y España), el texto cuenta con el respaldo de Países Bajos, Luxemburgo y Malta, los otros tres Estados miembros que han sido señalados recientemente por la Comisión Europea por sus prácticas fiscales agresivas.
En un comunicado, el ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, quien también preside las reuniones de ministros de Economía de la eurozona, conocidas como Eurogrupo, ha explicado que su país no ha firmado el acuerdo por incluir un tipo efectivo mínimo de al menos un 15%.
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