A estas alturas, las líneas generales del fondo de recuperación de la UE tras el coronavirus, los Next Generation, son bien conocidas, a la espera de que se logre su ratificación definitiva y los efectos que pueda tener el Tribunal Constitucional alemán.

La súbita reaparición de las fronteras nacionales dentro de la Unión Europea a causa de las restricciones a los viajes, las cuarentenas y los requisitos de tests -que difieren según el país- ha puesto de manifiesto la importancia de un derecho que los europeos dan a veces por sentado: la libre circulación de personas. Tanto el Tratado de la UE como el Acuerdo de Schengen, que definen y garantizan este principio básico de la ciudadanía de la UE, permiten restablecer los controles fronterizos por motivos sanitarios. Las restricciones de los derechos de circulación, así como las severas limitaciones internas de los derechos fundamentales, han sido, por supuesto, herramientas para limitar la propagación del Covid-19. Estas políticas se justifican porque cada individuo podría imponer costes posiblemente importantes a otros (externalidades negativas, en la jerga de los economistas) al propagar el virus.

Ha llegado el momento de que Europa, EEUU y posiblemente China creen un "club del clima" global. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado alrededor de un 2% anual en las últimas dos décadas. Desde la firma del acuerdo de París, este problema ha seguido creciendo. Hemos aprendido que es difícil cumplir con la protección del clima cuando los costes de reducción son en gran parte nacionales pero los beneficios de la prevención del clima mundial son mundiales. Y de hecho, EEUU. bajo el presidente Trump abandonó el Acuerdo de París por esa misma razón. En resumen, la humanidad no progresa lo suficiente como para evitar un posible resultado climático catastrófico.

A finales de julio, el Consejo Europeo creó el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, un nuevo e importante instrumento de política económica que podría aumentar considerablemente la estabilidad de la Unión Europea y su unión monetaria, y en virtud del cual el bloque pedirá prestado y pagará por primera vez grandes sumas en forma de transferencias a fondo perdido. Pero el acuerdo del Consejo carece de una estrategia clara para garantizar que el dinero impulse un crecimiento inclusivo y sostenible y evite la corrupción. Esta brecha debe ser tapada, porque el fondo de recuperación será deslegitimado si se desperdicia. Las negociaciones en curso entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo (el diálogo a tres bandas) ofrecen una oportunidad de mejora y deberían centrarse en tres puntos cruciales.