La reciente decisión del Gobierno de aplazar la entrada en vigor de Verifactu hasta 2026 ha sido recibida con cierto alivio por parte de muchas pymes y autónomos. Y es comprensible: hablamos de un ecosistema empresarial compuesto en un 99% por pequeñas y medianas empresas, que arrastra desde hace años una brecha tecnológica que requiere tiempo y acompañamiento para superarse. Sin embargo, este retraso no debe interpretarse como una invitación a la pasividad. Al contrario, es una oportunidad que debe aprovecharse para avanzar con mayor solidez hacia un modelo de gestión más eficiente y conectado. La factura electrónica, lejos de ser una mera exigencia normativa, es una herramienta transformadora. Su implantación supone un cambio de paradigma en la forma de gestionar la información fiscal y administrativa. Automatiza procesos, reduce errores, mejora el control financiero y ahorra costes. Además, permite a las empresas operar con mayor agilidad, cumplir con los requisitos de la Agencia Tributaria y sentar las bases para una gestión más eficiente y transparente.