El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado el recurso de Bimbo, la marca de pan, contra la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) que permitió el registro de la marca italiana Bimbo Bike para determinados productos relacionados con el ámbito del ciclismo.
La ley para modificar el régimen fiscal de los incentivos al mecenazgo afronta la última recta en el Senado, a falta de la votación de las enmiendas al texto. El Grupo Parlamentario Popular plantea casi doblar las deducciones en el Impuesto de Sociedades a las compañías por las donaciones para fomentar la actividad de las entidades sin fines lucrativos hasta situarlas al 60% y que alcancen hasta el 70% si la firma realiza aportaciones durante tres años consecutivos. En la actualidad, la ley permite una deducción del 35% en el Impuesto de Sociedades y del 45% si realiza donaciones durante cuatro años.
El Tribunal Supremo determina que si un trabajador prejubilado accede a la jubilación anticipada, y por tanto comienza a cobrar la pensión de la Seguridad Social, pierde el derecho a seguir percibiendo la cuantía que había pactado con la empresa hasta que alcanzara la edad de jubilación ordinaria.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso presentado por un camping de Tarragona contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avaló la decisión del consistorio de la ciudad de denegar la instalación de casas móviles en el camping puesto que se trataba de uso de suelo y por lo tanto están sujetas a licencia urbanística previa.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la ley de Representación Paritaria que obliga a que ningún sexo tenga un peso inferior al 40% en direcciones de empresas, miembros del Gobierno, candidaturas electorales y órganos como el Tribunal Constitucional. La futura norma pone así rumbo al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación.
El Tribunal Supremo falla contra BBVA y le condena por vulnerar la libertad sindical al llevar a cabo una "conducta obstruccionista" que impidió el ejercicio del derecho a informar a los trabajadores. El ponente, el magistrado Molins García-Atance, en una sentencia del 25 de abril, tumba uno por uno los seis argumentos de defensa de la entidad hasta determinar que la actitud del banco "trascendió de la legalidad ordinaria" y "vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical". Tras descartar los seis razonamientos el Alto Tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional del 19 de julio de 2021 que ya condenó a BBVA por vulnerar el derecho de libertad sindical y además le impuso una indemnización de 3.125 euros a pagar a CGT por daños morales y perjuicios.
La Justicia ha declarado nulo el despido de una trabajadora que tuvo lugar justo al día siguiente de que esta reclamara a la compañía las nóminas adeudadas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condena a la compañía a readmitir a la empleada en las mismas condiciones que tenía antes de su despido, al abono de los salarios que le debía y, además, a una indemnización adicional por daño moral derivado de la lesión de los derechos fundamentales de 6.250 euros.
El Consejo Económico y Social (CES) pide eliminar de la futura ley de fusiones que se tramita en la actualidad en las Cortes la obligación de que las compañías, para llevar a cabo estas operaciones, tengan que estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comunicado este lunes que ha convocado un Pleno extraordinario para el próximo miércoles con el objetivo de valorar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los representantes de jueces y fiscales que comporta una subida salarial de 450 euros brutos al mes y que se firmará este martes a las 13 horas.
La Administración tributaria afronta la devolución del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y de la Tasa al Juego cobradas durante el estado de alarma a las empresas a pesar de que mantenían cerrada la actividad. El Tribunal Supremo analiza si se debió cobrar a las compañías estos impuestos cuando los distintos reales decretos que proclamaron el estado de alarma durante la pandemia obligaron a cesar la actividad hostelera, de restauración y ocio, entre otras. El Alto Tribunal acumula varios recursos admitidos a trámite al respecto: al menos tres en materia de IAE y uno de la Tasa de Juego.