El Tribunal Supremo da un paso más en la imposición de costas a la banca cuando se declara nula parte o la totalidad de una o varias cláusulas de un préstamo y señala que también deben imponerse a las entidades aún cuando los consumidores "no hayan interpuesto un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por la no imposición de costas".
El Ministerio de Economía ya ha asomado el primer texto del futuro real decreto para crear un espacio controlado de pruebas (conocido como sandbox) para experimentar con potenciales proyectos de Inteligencia Artificial (IA). La normativa exigirá que las compañías que participen en el desarrollo de proyectos con esta tecnología sean españolas o tengan un establecimiento permanente en nuestro país y solo se escogerán si presentan sistemas de IA clasificados como de "alto riesgo".
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves el proyecto de ley por el que se modifican varias normas tributarias y también se transpone la directiva europea de cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, más conocida como DAC 7. Esta nueva norma establece un sistema único para la corrección de las autoliquidaciones, regulando la nueva figura de la autoliquidación rectificativa que sustituirá, en aquellos tributos en los que así se establezca, el actual sistema dual de autoliquidación complementaria y solicitud de rectificación.
El enfado de los funcionarios de la Administración de Justicia, más de 45.000, que llevan más de un mes reclamando una mejora salarial, se acrecienta ante lo que consideran la pasividad del Gobierno y Ministerio de Pilar Llop para negociar con ellos, después de que cerraran un acuerdo en materia retributiva con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y estén en plena negociación con jueces y fiscales para evitar su huelga. Las protestas y los paros parciales de este gremio, el primer día de huelga fue el 17 de abril, ya han suspendido más de medio millón de juicios en un mes, según las asociaciones que representan a estos trabajadores.
Un Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una nueva cuestión prejudicial sobre las hipotecas vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, más conocido por sus siglas IRPH, en la que, a través de 22 preguntas, pide que aclare con un sí o un no si este indicador es abusivo y si el hecho de que las entidades lo impusieran a los clientes sin suficiente información es una práctica desleal. Con esta, ya son tres las cuestiones prejudiciales que acumula Europa sobre el IRPF, de las que un fallo se espera para finales de este año y otro para 2025.
Los expertos juristas y abogados reclaman al Gobierno y a los tribunales que fijen a partir de qué porcentaje se considera confiscatorio un tributo, como ya han hecho países como Alemania o Francia que lo han situado en el 50%. Hasta el momento, en España no hay nada fijado y, exclusivamente, el Tribunal Constitucional señaló hace ya cuarenta años que un tributo que agota la riqueza imponible, es decir, que alcanza el cien por cien de tributación, es confiscatorio, dejando fuera así qué ocurre cuando alcanza el 80% o el 99% de la riqueza.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determina que un consumidor está exento del pago si desiste de un contrato de servicios celebrado fuera del establecimiento, que ya ha sido ejecutado, siempre que la empresa no le hubiera informado del derecho de desistimiento del que dispone. La Justicia europea da así la razón a un consumidor que celebró un contrato de servicios para renovar la instalación eléctrica de su casa, pero la empresa no le informó del derecho de desistimiento que tenía durante 14 días debido a que el contrato se cerró fuera del establecimiento comercial de la compañía.
La Administración se excluye de la obligación de mejorar la atención a los ciudadanos que impone el Proyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención a la clientela, que actualmente está en tramitación en el Congreso y cuyo periodo de enmiendas concluye este 18 de mayo. Esta futura norma obliga a las empresas que presten servicios a los consumidores a limitar el tiempo máximo de espera telefónica de los clientes para ser atendidos en tres minutos o a resolver las reclamaciones en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, la normativa estrella del ministro de Consumo Alberto Garzón deja fuera de esta obligación a la Administración Pública, y con ella a organismos como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
El Ministerio de Justicia proyecta aprobar antes de que finalice el año una modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación con el objetivo de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo.
El Tribunal Supremo ratifica la multa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso en 2019 al Banco Popular por engañar en la retribución de sus consejeros en los informes de 2013 a 2016. La sociedad Unión Europea de Inversiones, actualmente en liquidación, y ligada a familias del Opus Dei con la que tenían una participación del 2,94% de la entidad desaparecida, interpuso un recurso de casación ante el Supremo para pedir la nulidad de la resolución de la CNMV por haber superado el dictamen los plazos de resolución.