El Ministerio de Economía ya ha asomado el primer texto del futuro real decreto para crear un espacio controlado de pruebas (conocido como sandbox) para experimentar con potenciales proyectos de Inteligencia Artificial (IA). La normativa exigirá que las compañías que participen en el desarrollo de proyectos con esta tecnología sean españolas o tengan un establecimiento permanente en nuestro país y solo se escogerán si presentan sistemas de IA clasificados como de "alto riesgo".
Este espacio de pruebas se centrará en experimentar en ocho áreas calificadas de alto riesgo. La primera de ellas es la de la biometría a través de sistemas que utilicen la IA para identificar a personas mediante la comparación de datos biométricos. Otra de ellas es el uso de esta tecnología como componente de seguridad en la gestión, explotación y funcionamiento del tráfico rodado y del suministro de agua, gas, calefacción y electricidad, así como a la gestión y explotación de una infraestructura digital crítica. Otro área será el de la educación y formación profesional para determinar el acceso de las personas a los centros de enseñanza.
También se experimentará con sistemas destinados al uso para la contratación laboral, filtrando solicitudes y evaluando candidatos, o tomar decisiones para la promoción. Un quinto área será el de acceso a servicios públicos o privados a través de evaluar la admisibilidad de personas a prestaciones o servicios de asistencia, así como evaluar su solvencia financiera. También se explorará la persecución de delitos (polígrafos, fiabilidad de las pruebas, predecir la frecuencia de una infracción o la elaboración de perfiles) y en el ámbito de la migración, para evaluar el estado emocional de una persona o la solicitud de asilo. Finalmente, el último área es del ámbito de la administración de justicia y se explorará en sistemas destinados por una autoridad judicial para la interpretación de hechos o de la ley y su aplicación en asuntos concretos.
El real decreto que regula el sandbox estará vigente durante 36 meses o, en su defecto, una vez Europa apruebe el reglamento en el que trabaja para establecer normas armonizadas en materia de IA con el objetivo de asegurar el respeto de los derechos de los ciudadanos.
El texto regula los sistemas de convocatoria, la evaluación de las solicitudes según el grado de innovación o impacto social, la exigencia de protección de datos y confidencialidad en las pruebas, la retirada voluntaria de las compañías de estas pruebas o la finalización anticipada por falta de cumplimiento de alguno de los requisitos. El órgano competente para la organización y desarrollo de este espacio controlado de pruebas será la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
El sandbox posibilitará la cooperación entre usuarios y proveedores de IA con autoridades y reguladores tanto españoles como europeos. Solo serán seleccionados proyectos que, sin estar comercializados, hayan alcanzado un nivel de desarrollo suficientemente avanzado como para poder comercializarse o ponerse en servicio dentro el marco temporal del entorno de pruebas.
Cabe recordar que el Ministerio de Economía ya puso en marcha antes de la pandemia un sandbox financiero para que entidades bancarias y de pago pudieran experimentar sin riesgo con nuevos sistemas digitales sin que afectara a los clientes.
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