La continuidad de la tasa a banca y energéticas y el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, en jaque ante la posibilidad de un cambio de color en el Gobierno tras las próximas elecciones del 23 de julio. Pero con matices. Una futura derogación de estos impuestos ya solo afectaría a las liquidaciones de 2023, que se practicarán en 2024. Lo pagado en 2023 por el ejercicio 2022, pagado quedaría.
El adelanto precipitado de las elecciones por parte del Gobierno, tras la debacle socialista del 28M, obliga a disolver las Cortes con 54 días de antelación de los comicios. Es decir: este martes. El cese de la actividad parlamentaria deja en el aire más de 60 textos legales entre decretos-ley, proyectos de ley del Ejecutivo y proposiciones de ley de los distintos grupos parlamentarios. Algunos ministerios verán como de golpe sus propuestas estrella se han quedado a tan solo un paso de ver la luz, como es el caso de la Ley de Atención al Cliente, encabezada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lleva en tramitación desde 2021, y que estaba en el Senado solo a falta de votación de las enmiendas para ver la luz.
Las personas que tienen derecho a deducirse la inversión en vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por haberla adquirido antes del 1 de enero de 2013 y que reciban una devolución por parte del banco por cláusulas abusivas declaradas nulas como las suelo, de gastos hipotecarios o de hipotecas multidivisa, entre otras, deben devolver a Hacienda la parte correspondiente que se habían deducido por el importe que ahora les ha ingresado la entidad financiera.
La nueva ley de atención al cliente afronta su recta final en el Senado, a falta de la votación de las enmiendas presentadas. Varios partidos proponen que las exigencias que esta norma impone a las empresas privadas y públicas cuando medie una relación de consumo con la clientela se extienda al conjunto de la Administración Pública. Este ha sido uno de los puntos más criticados de la norma, ya que el Estado se autoexcluye de las exigencias de mejora de atención a los ciudadanos a los que presta servicio, limitando las obligaciones solo a empresas públicas como Correos o Renfe.
La Dirección General de Tributos (DGT) aclara en su respuesta a una consulta el tratamiento fiscal para las personas que consigan ingresos mediante la creación de contenido erótico audiovisual a través de plataformas online como Onlyfans. Concretamente, Hacienda contesta a una persona que realiza contenido audiovisual tanto en streaming, como mediante la producción y realización de vídeos y fotografías.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha logrado alcanzar un acuerdo respecto a su posición sobre la subida que el Ministerio de Justicia selló este martes con los representantes de jueces y fiscales, que supuso una partida de 46,7 millones de euros o, dicho de otra forma, una subida de 450 euros brutos al mes por persona.
La futura Ley de Familias se estanca en el Congreso de los Diputados. La Cámara Alta ha ampliado por sexta vez en un mes el periodo de enmiendas, que ahora está previsto que finalice el próximo 31 de mayo a las 18 horas, aunque se esperan nuevas ampliaciones. Los partidos chocan con la futura norma que busca igualar los derechos de las parejas de hecho con los de los matrimonios. Pero especialmente, de parte de las formaciones de derechas por la clasificación que hacen de las familias, al ampliarlas por ley también a las formadas por parejas LGTBI.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) critica el mecanismo que impone por defecto la futura ley que regula las demandas colectivas para la defensa de los intereses de los consumidores al considerar que "puede causar daños irreparables" para los mismos. El Anteproyecto de Ley de Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, actualmente en tramitación parlamentaria, impone el sistema conocido como opt-out, es decir, que todos los consumidores quedarán vinculados al resultado de la sentencia que se dicte a no ser que estos soliciten expresamente su desvinculación. La norma solo permitirá "de forma excepcional", es decir que estén en juego prestaciones de valor elevado, el sistema opt-in, que permite que el tribunal decida que la sentencia solo vincule a quienes lo soliciten expresamente.
Cambio en la Ley General Tributaria. Los bancos tendrán que remitir a sus clientes con tiempo suficiente todos los documentos que estén obligados a trasladar a Hacienda en el cumplimiento de sus obligaciones contra el fraude y la evasión fiscal transfronteriza. Hasta el momento, y desde el 1 de enero de 2016, las entidades están obligadas a comunicar al fisco español la identidad de los clientes que tengan determinadas cuentas financieras. Sin embargo, la norma solo exigía que los bancos comunicaran a los afectados que iban a compartir su información con la Agencia Tributaria, pero sin remitirles qué documentos se iban a trasladar.
El Tribunal Supremo fija como doctrina que el complemento de maternidad por aportación demográfica puede ser obtenido por mujeres u hombres que cumplan los requisitos, sin tomar en consideración la circunstancia de que el otro progenitor también tenga o pueda tener derecho a su percepción.