La continuidad de la tasa a banca y energéticas y el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, en jaque ante la posibilidad de un cambio de color en el Gobierno tras las próximas elecciones del 23 de julio. Pero con matices. Una futura derogación de estos impuestos ya solo afectaría a las liquidaciones de 2023, que se practicarán en 2024. Lo pagado en 2023 por el ejercicio 2022, pagado quedaría.
Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliva, explica a este diario que el impuesto a las Grandes Fortunas, cuya liquidación se hará entre el 1 y el 31 de julio de este año por el patrimonio que tuviera el contribuyente en 2022 "se va a aplicar sí o sí". Según el fiscalista, este gravamen ya no se puede tocar porque la Orden Ministerial de liquidación va a salir en breve publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a lo que añade que tampoco un Ejecutivo de otro color tendría tiempo material para derogarlo, teniendo en cuenta que los comicios son el 23 de julio y después hay que formar Gobierno. Asimismo, respecto al gravamen a la banca y las energéticas, el 50% del pago anticipado de la tasa que grava los ingresos de 2022 se hizo el pasado febrero y la segunda liquidación, del restante 50%, se hará en septiembre.
Caso distinto podría ocurrir con la liquidación de 2023 que se practica en 2024. Un nuevo Gobierno de otro color podría derogar en septiembre tanto el impuesto a la banca como el de las grandes fortunas con efectos retroactivos. "Simplemente sería publicar en el BOE una norma que diga que quedan derogados los impuestos con efecto a 1 de enero de 2023", explica Esaú Alarcó.
Cabe recordar que ambos tributos fueron aprobados en la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que entró en vigor un día después, el 28 de diciembre. Tanto en el caso del gravamen a la banca y las energéticas como en el de las grandes fortunas se estableció una duración temporal de dos años, es decir, afectarían a los ejercicios 2022 y 2023. Aunque la norma abría la posibilidad de una revisión tras dos años para decidir sobre su prorrogación. El objetivo del Gobierno era recaudar 3.000 millones de la banca en el conjunto de 2023 y 2024, otros 4.000 millones de las energéticas entre ambos años, y 3.000 millones de euros más a través de la tasa a los ricos. En total, 10.000 millones de euros con el objetivo de paliar los efectos de la inflación y el alza de precios de la energía tras la salida del Covid-19 y ante las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. La tasa a las entidades grava con un tipo del 4,8% los ingresos nacionales, mientras que la de las energéticas los grava al 1,2%. Por su parte, el impuesto a los ricos oscila entre el 1,7% y el 3,5% en función de la riqueza, a partir de los 3 millones de euros.
Expertos consultados consideran más difícil que se derogue el gravamen a la banca, ante la mala propaganda que podría suponer. Sin embargo, el PP sí se ha posicionado radicalmente en contra de la tasa a las grandes fortunas. De hecho, las CCAA gobernadas por el PP hasta las últimas elecciones del 28 de mayo como son Madrid, Galicia, Murcia y Andalucía han recurrido la tasa a los ricos ante el Tribunal Constitucional.
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