El adelanto precipitado de las elecciones por parte del Gobierno, tras la debacle socialista del 28M, obliga a disolver las Cortes con 54 días de antelación de los comicios. Es decir: este martes. El cese de la actividad parlamentaria deja en el aire más de 60 textos legales entre decretos-ley, proyectos de ley del Ejecutivo y proposiciones de ley de los distintos grupos parlamentarios. Algunos ministerios verán como de golpe sus propuestas estrella se han quedado a tan solo un paso de ver la luz, como es el caso de la Ley de Atención al Cliente, encabezada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lleva en tramitación desde 2021, y que estaba en el Senado solo a falta de votación de las enmiendas para ver la luz.
También quedará en vilo otra norma anunciada a bombo y platillo por el Ejecutivo coincidiendo con el 8M (Día Internacional de la Mujer): el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria para lograr un 40% de representación femenina en las esferas de la Administración Pública y la empresa privada y que justo la semana pasada el Consejo de Ministros remitió al Congreso para su tramitación.
La disolución de las Cortes frena la norma por excelencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra: el Proyecto de Ley de Familias. Una norma que lleva más de un mes estancada en el Congreso (se amplió seis veces el periodo de enmiendas) ante las discrepancias de los partidos de reconocer como familias a las formadas por personas LGTBi. Esta norma equipara a las parejas de hecho con los matrimonios, además de fomentar la conciliación laboral y familiar.
Una de las normas más polémicas de los últimos meses que se tramita en el Congreso es el Proyecto de Ley de Función Pública, del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. En esta norma, que regula las condiciones laborales de los funcionarios, el Gobierno se arroga durante los seis primeros meses de su entrada en vigor la potestad de modificar grupos de funcionarios, lo que le permitiría ascender a dedo a determinados empleados públicos. Quedan en vilo normas tan relevantes para el sector empresarial como el Anteproyecto de Ley de Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (más conocida como la ley de fusiones), la ley para fomentar las demandas colectivas, la ley de mecenazgo o la Ley del Cine. La cartera que encabeza Pilar Llop deja sin sacar adelante el Proyecto de Ley por el Derecho a la Defensa o la ley de eficiencia de la Justicia. También se congela la norma para proteger el secreto profesional del periodista.
Impuesto mínimo de Sociedades
El Ministerio de Hacienda y Función Pública tenía previsto aprobar antes de que finalizara el año la transposición de la directiva europea que impone un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% a grupos que facturen más de 750 millones de euros y estén en países con una imposición inferior y a la par grava a las filiales de estos grupos que estén en nuestro país con un impuesto complementario para compensar su baja imposición. La convocatoria de elecciones retrasará la puesta en marcha del gravamen, prevista para el 1 de enero.
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