El Consejo General de la Abogacía remitió este jueves a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un paquete de 14 enmiendas para mejorar y completar el proyecto de ley orgánica del Derecho de Defensa, que está en plena tramitación parlamentaria. Entre las propuesta, está la inclusión del establecimiento de criterios de honorarios para que el justiciable pueda conocer el posible coste de emprender acciones judiciales. El Tribunal Supremo ya ha ratificado varias multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los colegios de abogados por incluir criterios de honorarios.
Más de 1.500 abogadas y abogados de toda España han podido deliberar, realizar y votar propuestas de mejora a esta norma orgánica en el marco del XIII Congreso de la Abogacía Española celebrado el 3 al 5 de mayo en Tarragona, Reus y Tortosa.
Las propuestas reclaman, entre otros puntos, un refuerzo de la presunción de inocencia, el aseguramiento de las garantías de asesoramiento jurídico del detenido y una regulación pormenorizada del secreto profesional, con la inclusión expresa de la abogacía de empresa, según señala la Abogacía en un comunicado.
Igualmente, se ha propuesto una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita que recoge las conclusiones adoptadas en el plenario deliberativo celebrado dentro de las sesiones del Congreso y que se refieren fundamentalmente a la cobertura en asistencia jurídica gratuita en los supuestos de designación judicial para asistencia a personas jurídicas en el orden jurisdiccional personal así como en la cobertura de todas las actuaciones llevadas a cabo por designación en el turno de oficio.
"La gran mayoría de las 44 conclusiones aprobadas por el Congreso tienen por objeto realizar propuestas de mejora de este importante proyecto de Ley que, tras 45 años de Constitución Española, cerrará el círculo de garantías constitucionales del derecho de defensa, por medio de un desarrollo orgánico del derecho de defensa de la ciudadanía", explica el comunicado.
Por otro lado, la abogacía considera que la ley debe ser "más concreta" en asuntos como el secreto profesional del abogado de empresa, la garantía de las comunicaciones abogado-cliente, el amparo colegial o las sanciones del intrusismo, así como sobre los nuevos modelos de negocio.
