El Gobierno ha introducido un cambio de forma "sorpresiva", según los expertos laboralistas, a través de la nueva Ley de Empleo que permite a la Inspección de Trabajo actuar de forma más rápida frente a las compañías que utilicen la figura de los falsos autónomos. El objetivo es reducir el proceso judicial para que las empresas regulen estas figuras en el menor plazo posible sin esperar a que se posicione un juez de la jurisdicción social al respecto.
Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero, han mandado este jueves un mensaje muy claro al Ministerio de Justicia: "No desconvocaremos la huelga, aunque no comamos", han dicho en la manifestación celebrada a las 13 horas que iba desde la Plaza de Colón a la sede del Ministerio. Desde Justicia se planteaba la opción de que los LAJ abandonarían los paros por su propia cuenta ante la asfixia de no cobrar, según informaron fuentes de toda solvencia a este diario.
El Ministerio de Justicia está acorralado ante la falta de cumplimiento de la actualización de salarios a jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). A la huelga indefinida iniciada por estos últimos el pasado 24 de enero para adecuar su retribución a la mayor carga de trabajo, se suman las denuncias de jueces y fiscales que llevan meses reclamando una mejora de su salario de acuerdo con la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. Según las fuentes consultadas por este diario, la parálisis de Justicia a la hora de adecuar los salarios a jueces y fiscales apunta a acabar en otra huelga.
Las compañías que operan en nuestro país con más de 50 empleados afrontan multas que van entre los 600.001 euros y el millón de euros si no implantan un canal de denuncias interno para que los empleados puedan comunicar de forma anónima infracciones de las que tengan conocimiento dentro de las compañías, tal y como establece la nueva ley de protección de las personas informantes.
El Abogado General de la Unión Europea se posiciona en contra de las normas de la UEFA sobre los jugadores formados localmente. Según el abogado Maciej Szpunar, la UEFA obliga a los clubes de fútbol a incluir un mínimo de ocho jugadores formados localmente en una plantilla de veinticinco. Esta formación local, puede ser dada por el propio club de origen o por otro del mismo país. Según las conclusiones de Szpunar, "entre los jugadores formados localmente no deben figurar jugadores procedentes de clubes diferentes del club en cuestión".
El mal funcionamiento de la plataforma electrónica para la liquidación de microempresas durante sus dos meses y medio de vida está llevando a los dueños de estas compañías a presentarse físicamente en los juzgados para dejar constancia del inicio del procedimiento. "La plataforma no funciona", así de claros son los distintos actores concursales al respecto. El Ministerio de Justicia, y en el marco de la nueva ley concursal, puso en marcha esta plataforma el 1 de enero para que las microempresas pudieran iniciar el procedimiento de liquidación vía online, junto con 32 formularios electrónicos a utilizar en función de las necesidades de la compañía o el escenario en el que se encuentre. Sin embargo, los expertos en liquidaciones aseguran que no funcionan ni un 10% de los formularios porque dan errores.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, junto con el Ministerio de Hacienda y Función Pública ponen en marcha el desarrollo del Real Decreto que obligará a todas las compañías a la emisión de facturas electrónicas. Ambas administraciones han sacado a consulta pública la norma, con el objetivo, explican, de sobre todo rebajar la morosidad en las pymes.
Las ventajas fiscales que puede obtener una compañía que cambia la sede social fuera, como anunció recientemente Ferrovial con el traslado a Países Bajos y su cotización en EEUU, no solo implica a la propia empresa, también pueden beneficiarse de éstas los directivos. El abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, Esaú Alarcón, apunta en términos generales que la salida de una empresa lleva aparejada en muchas ocasiones la de sus directivos que dejan de tributar en España por el IRPF, por el Impuesto de Patrimonio, y este año además, por el impuesto a las grandes fortunas, que grava la riqueza por encima de los tres millones de euros.
El Gobierno ha incrementado en cinco euros la dieta para los ciudadanos que sean elegidos presidentes o vocales en las mesas electorales, hasta situarla en los 70 euros. Cabe recordar que en este ejercicio habrá varias elecciones, como municipales y autonómicas este 28 de mayo en algunas regiones, y las generales, que se esperan para finales de año.