La hasta ahora alcaldesa de Gavà (Barcelona) y nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, asumió una de las carteras con más presupuesto con un alegato a favor de la movilidad sostenible, de las políticas de vivienda con las que conseguir precios asequibles -ámbito que destacó como su principal caballo de batalla-, y de la cogobernanza a través de un modelo federal, según expuso en su discurso.
La variante Delta del Covid-19, que está provocando una quinta ola de la pandemia en España, pone en riesgo la recuperación económica catalana, una de las regiones con más contagios y también una de las más dependientes del turismo internacional.
La reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat este mes de julio, centrada en temas económicos, es el primer fruto del encuentro en Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, el 29 de junio, y tras esta cita en el calendario, todavía por concretar, está la necesidad del Ejecutivo de PSOE y Podemos del apoyo de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
El sector del transporte sufrió en 2020 el peor año de su historia pero las aerolíneas han retomado el vuelo y miran con optimismo al verano mientras se fraguan operaciones corporativas que moverán las fichas del tablero. Volotea, que acaba de superar los 35 millones de viajeros, será una de las grandes beneficiadas de la unión de Iberia y Air Europa. elEconomista ha hablado con su CEO, Carlos Muñoz, sobre las perspectivas de la compañía.
El sector de las telecomunicaciones es uno de los que salió beneficiado por la pandemia, ya que fue clave para el ocio, el teletrabajo y los negocios durante el confinamiento, y Parlem Telecom es un claro ejemplo de esa evolución. La operadora catalana registró en 2020 los mejores resultados de su historia, con una facturación de 18,7 millones de euros, un 70% más que en 2019, y unos beneficios de 11.000 euros, los primeros de la empresa desde su nacimiento en 2014 apoyada por MásMóvil.
El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.
El Mobile World Congress 2022 ya tiene reservas para asistir y exponer por parte de Samsung, Ericsson, Nokia, Qualcomm y ZTE, cinco de los diez mayores expositores de 2019. LG también estaba entre esa decena de nombres prepandemia, pero este 2021 anunció que abandonaba el negocio de los terminales móviles. Sí que conserva el de telecomunicaciones, de forma que el operador móvil LG Uplus también ha confirmado para el congreso de Barcelona que tendrá lugar del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022.
La Generalitat de Cataluña busca un banco a través del cual avalar indirectamente a los investigados por el Tribunal de Cuentas por presunta malversación. El Govern aprobó un mecanismo con el que pretende dar apoyo económico a los trabajadores públicos a los que se les exijan responsabilidades patrimoniales por gastos ilícitos vinculados al procés, algo que no cubren los seguros de responsabilidad civil contratados por la administración catalana, y por lo que el Ejecutivo de Pere Aragonès podría ser acusado de malversación si destina dinero público a pagar un dinero que en realidad debe cobrar.
Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.