El plan del Gobierno catalán para avalar las fianzas de los ex trabajadores de la administración catalana investigados por el procés se ha topado antes con trabas financieras que judiciales, ya que la estrategia de vehicular las coberturas de forma indirecta a través de una entidad financiera para esquivar una acusación de malversación de fondos públicos ha sido recibida con incomodidad por el sector bancario, nada proclive a posicionamientos políticos.
El consejero catalán de Economía, Jaume Giró, explicó el martes, al anunciar un fondo de 10 millones de euros que busca cubrir las fianzas por responsabilidad contable que exige el Tribunal de Cuentas a exmiembros de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont, que había contactado con algunas entidades para ejercer como avalistas -con el contraaval del Institut Català de Finances (ICF)- pero que todavía no había un acuerdo y que estaban al inicio del proceso para poner en marcha dicho fondo.
Pero fuentes financieras consultadas por elEconomista dudan de que el mecanismo ideado por el Ejecutivo de Pere Aragonès sea aceptado por una entidad concreta. De hecho, varios bancos relevantes afirmaban que todavía no han recibido ninguna petición de la Generalitat respecto a este sistema de avales, y son diversas las entidades de distinto tamaño que se autodescartan de este procedimiento.
Todo ello con una cuenta atrás en marcha. Y es que el nuevo fondo del Govern debe servir para casos abiertos y futuros, pero la causa por la que ha nacido, la de los gastos del procés en el exterior, por los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a 34 personas, tiene como plazo máximo para depositar las fianzas el 21 de julio.
Por el momento, la vía judicial contra el fondo de la Generalitat está en el punto de mira de PP, Cs y Vox por destinar recursos públicos a cubrir unas reclamaciones patrimoniales que pretenden precisamente devolver a las arcas de la administración catalana gastos presuntamente ilícitos.
Asimismo, el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro, abogó este miércoles por un sistema fiscal "justo, ordenado y completamente neutral", de forma que no se haga pagar "con el dinero de todos los españoles las juergas" que están viendo con los "avales" que plantea la Generalitat, informó Ep.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, señaló que hasta el momento no se le ha remitido ningún informe para que se pronuncie sobre si hay posible delito en la creación del fondo.
