Madrid / Barcelona
Un total de 34 antiguos miembros del Govern independentista del president Carles Puigdemont y del Ejecutivo de Artur Mas tendrán que hacer frente a la fianza de 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas por la actividad ilícita en el exterior durante los años 2011 a 2017. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tienen de plazo hasta el 14 de julio para abonar el dinero. De lo contrario, los principales líderes del procés ponen en juego un patrimonio superior a 8 millones de euros. La responsabilidad contable es solidaria entre los 34 investigados, y por tanto han de hacer frente a la cantidad entre todos ellos... a no ser que recurran a la Caja de Solidaridad independentista.
Algunos de estos líderes del procés son los expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont; el exconsejero de la Presidencia y letrado de varios de los excargos señalados Francesc Homs; el exvicepresidente y consejero de Economía y Hacienda -líder de ERC- e indultado Oriol Junqueras; el responsable de Economía del govern de Artur Más, Andreu Mas-Colell, o el exconseller de Acció Exterior y también indultado Raül Romeva.
Mas-Colell, caso internacional
El caso de Andreu Mas-Colell es uno de los más llamativos por el revuelo que ha causado en la opinión pública internacional. El economista ha contado incluso con el apoyo de académicos internacionales, pues es un profesor que hasta sonó para el Premio Nobel y tiene un gran reconocimiento.
Su caso, además de ser notorio por los 2,95 millones de euros que le reclama el Tribunal de Cuentas, es particular por el gran patrimonio con el que tendría que hacer frente a un posible embargo, valorado en 6.635.095 euros, según figuraba en el portal de transparencia de la Generalitat cuando era conseller. No obstante, entonces ya matizó que "el 74,5% de esta cantidad es fruto de una herencia que incluye una empresa familiar valorada a precio histórico, anterior a la crisis". Dicha empresa es una comercializadora de ferretería industrial fundada en 1953 por el padre del exconseller.
Pagan... o les embargan
Desde julio de 2015 está vigente la ley de transparencia de la Generalitat de Cataluña, con la que los 135 diputados del Parlament están obligados a declarar su patrimonio al inicio de cada legislatura, mientras que el Govern lo hace en el portal de Transparencia. Los datos recopilados corresponden a cuando los investigados por el Tribunal de Cuentas tenían responsabilidades públicas.
De igual manera, hay que remarcar que algunos de los que hoy tienen que pagar al Tribunal de Cuentas ya tuvieron que enfrentarse a fianzas por su actividad relacionada con el independentismo, por lo que el patrimonio, en concreto el ahorro, se ha podido ver mermado. Artur Mas, junto a las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, fueron condenados a devolver cerca de cinco millones de euros por la organización de la consulta del 9-N en 2014. Entonces, el ex president tuvo que recurrir a la Caja de Solidaridad independentista para salvar parte de su patrimonio.
Asimismo, otro hecho que ha podido mermar los ahorros de los políticos independentistas implicados ha podido ser la multa por malversación de fondos en la consulta del 1-O. Por ese hecho, el Tribunal de Cuentas exigió 4,14 millones de euros, intereses legales incluidos, a 20 personas implicadas en el referéndum ilegal de 2017.
Precisamente, al expresident Mas le reclaman 2,8 millones, a los que si sumamos un 5,25% de intereses llega hasta los 2,95 millones. El patrimonio con el que afrontaría un posible impago, según los datos facilitados por la ley de transparencia, se cifra en 615.000 euros.
Con 2,09 millones de euros de multa está el también expresident Carles Puigdemont, que además cuenta con un patrimonio cercano a los 300.000 euros, siempre según la ley de transparencia y hasta 2017. Oriol Junqueras, recién indultado, cuenta con una multa similar (2,09 millones de euros), y afrontaría un embargo de bienes por valor de 393.000 euros.
Sobre Francesc Homs, ex consejero de la Presidencia, pesan 3,1 millones de euros de sanción por parte del Tribunal de Cuentas. Su patrimonio, sin embargo, es de tan solo 11.000 euros.
Raül Romeva, que tuvo función de conseller de Acció Exterior, tiene un patrimonio ligeramente superior a los 300.000 euros, siempre según la ley de transparencia, y una multa acumulada de 2,2 millones de euros.
Buscaron el apoyo exterior
El desglose de cantidades que facilita el Tribunal de Cuentas muestra cómo el independentismo buscó el apoyo fuera de las fronteras españolas con viajes y gastos en distintas delegaciones. La primera irregularidad que recoge el Tribunal de Cuentas es, precisamente, los viajes realizados, y la suma presuntamente malversada supera los 288.000 euros.
Mas, Puigdemont, Homs, Junqueras, Mas-Colell y Romeva. Todos ellos entran dentro de la causa de posible malversación de dinero público en la campaña internacional en favor de la secesión de España de 2011 a 2017. Y el Tribunal de Cuentas les exige devolver ese dinero a las arcas de la Generalitat.
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