Cataluña

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por el gasto exterior ilícito del 'procés'

  • Exige la mitad a Artur Mas, aunque el resarcimiento es solidario entre los 42 investigados
  • El juicio en el tribunal contable no se prevé hasta después de verano
Carles Puigdemont y Artur Mas en el Parlament en 2016. Foto: Luis Moreno

El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable que se reclama al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; al expresidente Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull y a otros 37 excargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para impulsar ilícitamente el procés en el exterior.

La investigación abarca viajes, las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, según el acta de liquidación al que ha tenido acceso Europa Press.

Según este documento, de este importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según fuentes del órgano contable consultadas. La mayor cuantía corresponde a Artur Mas (2,8 millones), seguido de Romeva (2,1 millones), que fue responsable de la acción exterior del Govern, y de Puigdemont y Junqueras, con 1,9 millones cada uno. 

Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por una veintena de personas del entorno independentista -incluyendo a varios de los investigados ahora de nuevo por el gasto exterior-.

Quejas de los abogados

Durante el trámite de este martes, a los abogados de los afectados se les ha entregado un documento de 504 páginas que tendrán 3 horas para leer, tras lo cual cada uno de ellos tendrá unos 10 minutos para alegar 'in voce' con independencia de a cuántas personas represente, lo que ha sido tildado de "procedimiento arbitrario" por alguna de las defensas.

El primero de los abogados en acudir a la sede de la calle Torrelaguna 79, en Madrid, ha sido el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye. "Me parece una tomadura de pelo todo este procedimiento", ha dicho en declaraciones a la prensa para luego insistir en que, tras conocer la información que le será facilitada por el órgano, alegará la "indefensión" ante la que dicen encontrarse.

En este sentido ha lamentado la "falta de solvencia técnica" del informe y ha asegurado que el Tribunal de Cuentas está asumiendo "unas competencias que no tiene, como es la derogación implícita del Estatut de Catalunya, por la vía de coartar la acción exterior de Catalunya, que está contemplada expresamente en el Estatuto después de la sentencia del Constitucional".

Francesc Homs es otro de los letrados en el procedimiento, quien fuera portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados, inhabilitado por el Tribunal Supremo por apoyar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

También ha reprochado que los abogados se enteraran de la cifra que les reclama el tribunal a través de la prensa, en referencia a los 5,4 millones que, según publicó 'El País', tendrán que abonar. Una vez notificado el expediente de liquidación, los responsables tendrán un plazo de 15 días para abonar el dinero, o les serán embargados sus bienes.

En el acto están presentes tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, además de los representantes legales de la Generalitat, de Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y de Sociedad Civil Catalana, estos dos últimos personados como acción pública.

A la espera de juicio

La comunicación de la cifra provisional presuntamente malversada realizada hoy llega tras el fin del proceso de instrucción, pero el juicio en el Tribunal de Cuentas no se prevé hasta después de verano, una vez se completen los plazos de recurso estipulados.

En dicho juicio se unificarán las causas de los gastos del referéndum y los de la acción exterior, que suman un importe conjunto de 9,5 millones de euros según las liquidaciones provisionales.

Desglose de gastos

Entre los conceptos por los que se reclama están los viajes al exterior del presidente y los consellers de la Generalitat (317.790,97 euros) y las actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea.

Dentro de este epígrafe se reclama por las actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación (27.189,47 euros) por los encuentros con delegados (3.863,85 euros) y por contratos varios otros 21.175 euros.

También se reclaman los gastos de las delegaciones del Gobierno en el Exterior y ante la Unión Europea. Dentro de este capítulo se cifran 3.22,48 euros por utilización de locales y 205.081,27 euros por los gastos en las delegaciones de Francia, Ginebra, Polonia, Alemania Reino Unido, Estados Unidos, EE.UU., Austria, Italia, Dinamarca y la Unión Europea relacionados con el proceso de autodeterminación (205.081,27).

El documento añade que falta documentación justificativa por gastos en estas sedes por valor de otros 261.581,52 euros a lo que hay que sumar pagos injustificados (151.430,93 euros), servicios de asesoramiento y elaboración de informes (149.554,76 euros) y gastos en atenciones protocolarias y representación (32.844,24 euros).

A todo ello se añade, según las cuentas realizadas por el órgano fiscalizador, gastos en contratos de las delegaciones de Estados Unidos (92.843,61 euros), contratos en las delegaciones en Ginebra y la Unión Europea con HCSS (123.500 euros) y gastos de personal en estas delegaciones por valor de otros 127.813,54 euros.

Patronat de Catalunya y Diplocat

Un cuarto capítulo pasa por las actividades de promoción del proceso soberanista a través del Patronat de Catalunya y el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), y en este punto se incardinan actividades tanto parlamentarias como académicas, culturales y deportivas por un total de gasto de 451.487,86 euros, a los que se suma un capítulo llamado "implicación de la Sociedad Civil Catalana" en debates europeos y "observación electoral" por 152.578,87 euros..

Dentro de los gastos por visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas, comunicación y promoción en red se reclaman una de las cantidades más altas, un total de 932.125 euros, mientras que en el personal del Diplocat aparecen gastos como la demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina de Lleida (80.232,96 euros) y la plaza de jefe de prensa por 134.286,76 euros.

También se fijan los gastos por el contrato con la empresa Independent Diplomat por 1.392.300 euros y el contrato de arrendamiento del inmueble de Bruselas por 17.154,38 euros.

Diplocat también gastó, según ha cifrado el Tribunal de Cuentas, 6.061,21 euros en una empresa de trabajo temporal, y en la difusión de una conferencia sobre "un nuevo paradigma económico de Catalunya" 44.970,16 euros.

Finalmente, en subvenciones del Diplocat se gastó 422.056,66 euros, lo que eleva la cifra total reclamada a 5.151.156 euros, llegando a los más de 5,4 millones al sumar los intereses.

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Ramoncillo
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Se llama Tribunal de Cuentas, pero no hay ningún juez.

A Mas ya le juzgaron por el Referéndum del 2017 y el Juez le absolvió de la pretendida malversación de fondos. Entonces aparece el Tribunal de Cuentas (que depende de Hacienda) y le reclaman lo que el juez no le reclama.

La pretendida malversación correspondió a la compra de ordenadores que luego fueron suministrados a las escuelas que los necesitaban. Por utilizarlos un día le piden el importe íntegro de los ordenadores.

El Tribunal de Cuentas lo componen un grupo de funcionarios, en el cual hay familias enteras, maridos, mujeres, hijos, primos,... Curioso

Puntuación -1
#1
El Maño.
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Cualquier incidencia que tengas con Hacienda por pequeña que sea o cualquier organismo del Estado acabas con una sanción que o la pagas en menos de quince días o entras en un proceso de embargo que no te libra ni la santa madre iglesia.

Y que estos hijos de su madre planteen estas barbaridades no tiene nombre en un estado de derecho.

Tienen que acabar en prisión.

En una prisión que no esté en Cataluña.

Una prisión de Huelva, de Almeria o de Murcia, bien lejos de donde los parieron.

ç

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#2
Ivan
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Áqui hay mucha gente que esta confundiendo gobierno con estado. Y la rueda del estado no va a parar asta que se le pague lo que se le debe por los fallos cometidos por el gobierno...... asi que aviso a navegantes....

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#3
Diego desde Tabarnia
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Toda esta mandanga eteeerna solo se acabará en un plis plas cuando se impongan sanciones multimillonarias para acabar con esta maquinaria financiera que se ha creado aquí en Cataluña con este maldito asunto y del que vive mucha gente con esta sopa boba. No hacen falta ni prisiones ni indultos ni chorreces, además de que hoy en día estar en prisión no solo es un lujo sino que tenemos que mantener a todos los presos con nuestro dinero y eso cuesta entre 2 y 3.000€ al mes; y no es broma. Y porque al final, como siempre y en todos los casos, se trata de un asunto de dinero.

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#4
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Tribunal de Cuentas: y a Ayuso no hay que reclamarle nada?.... Que hay de lo 3.500 millones de €?

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#5
puigemonpoter
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en dikens se inventó la carceldeudores a fin que no corran riesgo que padecerian enprision

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#6